Una testigo del ‘caso Los Alisios’ denuncia acoso y pide protección judicial

Una funcionaria del Ayuntamiento de Telde y testigo de la defensa en el denominado caso Los Alisios, que investiga al exconcejal de Urbanismo Ildefonso Jiménez (NC) por un presunto delito de prevaricación, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria medidas que garanticen su seguridad y la de su familia ante el acoso y las amenazas que denuncia haber sufrido en su puesto de trabajo por parte de tres concejales del grupo de Gobierno y una decena de trabajadores municipales.

La empleada M.I.R. reclama protección judicial ante la próxima apertura del juicio oral en el juzgado de lo Penal número 2 de la capital grancanaria, donde declarará en calidad de testigo entre el 5 y el 7 de noviembre. Este periódico ha tenido acceso al escrito que ha dirigido la funcionaria al Juzgado y en el que, entre otros, apunta como autores del supuesto acoso a Agustín Pérez (PP), concejal de Participación Ciudadana del consistorio teldense; Pablo Rodríguez (CC), edil de Presidencia, y Guillermo Reyes (Ciuca), primer teniente de alcalde.

Fue precisamente Reyes quien en el año 2006, siendo concejal de Urbanismo, acusó a su antecesor en el cargo, Ildefonso Jiménez, de conceder en 2002 cuatro cédulas de habitabilidad en la urbanización Los Alisios, en La Garita, con un informe técnico desfavorable firmado por José Luis Mena. El jefe de Urbanismo alegaba en este documento que el proyecto tenía un “exceso de edificabilidad e incumplía las ordenanzas municipales”. Reyes denunció además que una de las viviendas era propiedad del exsenador nacionalista José Mendoza.

Frente a esta versión, la funcionaria M.I.R. declaró en la fase inicial de instrucción que Mena firmó en febrero de 2002 un informe favorable a la concesión de las licencias. Posteriormente, dos pruebas periciales, una de ellas encargada al departamento de grafística de la Guardia Civil por el Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, avalaron las tesis defendidas por Ildefonso Jiménez sobre la supuesta falsedad del informe negativo.

La defensa del caso Los Alisios sostiene que el informe desfavorable de Mena no fue firmado en el año 2002, sino que se incorporó al expediente en 2005 en lugar del documento que daba el visto bueno a las licencias. Según las conclusiones de las periciales, el informe en el que se basa la querella de Ciuca y PP presenta “similares características” a otros documentos elaborados en 2005 y distintos a los empleados en Urbanismo en el año 2002.

Estas nuevas pruebas retrasaron el inicio del juicio oral, previsto en un principio para el año 2007. En su calificación final, el Ministerio Fiscal pide un año y seis meses de cárcel para Ildefonso Jiménez, único imputado en la causa.

Situaciones ''anómalas y perjudiciales“

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Telde ha confirmado a este periódico que la trabajadora M.I.R. ha sufrido situaciones “anómalas y perjudiciales” desde la llegada al poder del actual grupo de Gobierno, formado por PP, Ciuca y CC.

En cuestión de meses, la funcionaria ha sido trasladada de concejalía y de oficinas municipales en varias ocasiones. Del área de Participación Ciudadana fue derivada a la Asesoría Jurídica de Urbanismo, en lo que un representante del mencionado sindicato tilda de “represalia” del concejal Agustín Pérez.

Según informan las mismas fuentes, una “reacción contundente” de Guillermo Reyes “al segundo de asistir a su nuevo destino” en el departamento regido por Pablo Rodríguez desembocó en un nuevo traslado y en la petición de una reunión con la concejala de Personal, Sonsoles Martín, y el jefe de Servicio, Francisco Valido. En los instantes previos a que se produjera este encuentro, la trabajadora sufrió un desvanecimiento en presencia de la edil y fue trasladada al servicio de Urgencias con un cuadro de ansiedad.

A su regreso a los Oficinas Municipales del Valle de Jinámar, M.I.R. tuvo un nuevo enfrentamiento en la concejalía de Participación Ciudadana, a la que se encuentra formalmente adscrita, por la presencia de otra trabajadora que la había suplido en su ausencia. Con la intercesión de un delegado de CCOO, la trabajadora consiguió mantener su puesto, aunque fue relegada a un espacio de reducidas dimensiones en las citadas dependencias.

Semanas después, algunos trabajadores de la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Jinámar, pertenecientes a una concejalía regida por Ciuca, presentaron una denuncia en la que acusaban a M.I.R. de una serie de retrasos en la tramitación de expedientes. Aunque el jefe de Servicio intercedió a favor de la funcionaria al achacar la demora a un problema informático, los trabajadores de la UTS ampliaron la denuncia 25 días después por supuestas amenazas, lo que ha dado lugar a la incoación de un expediente disciplinario a M.I.R.

Actualmente, la funcionaria se encuentra de baja laboral por ansiedad, lo que ha llevado al instructor del expediente a paralizar los plazos de prescripción.

''Es usted una chivata''

M.I.R. ya denunció en el año 2008 haber sufrido amenazas telefónicas por su declaración durante la instrucción del caso Los Alisios. En aquella ocasión, llevó ante los juzgados a Juan Carlos Barrameda, número 23 en las listas de Ciuca en las últimas elecciones regionales. La trabajadora municipal aseguró entonces haber reconocido su voz en la llamada que recibió el 26 de septiembre de2008, en la que, según declaró, le espetó: ''Señorita, es usted una chivata. Cuidado con lo que dice a partir de ahora, porque a lo mejor no lo paga usted, sino su hijo“.

En un auto del 28 de abril de 2009, la juez instructora determinó que había “indicios racionales” sobre la posible participación del imputado en los hechos y una relación más estrecha entre Guillermo Reyes y Juan Carlos Barrameda de la que éste había declarado en un principio. Como medida cautelar, decretó una orden de alejamiento que suspendió después de que Barrameda presentara a los tres meses un parte de baja del día de los hechos.

Recientemente, se produjo en dependencias municipales un nuevo encontronazo entre la funcionaria y Barrameda, que acudió a su puesto de trabajo en busca de un informe. En esta ocasión, M.I.R. solicitó la presencia policial al volver a sentirse amenazada.