El presidente canario abre la puerta a adelantar la llegada de turismo internacional a lo largo de junio, pero exige test negativos en origen

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este domingo que existe la posibilidad de que el turismo extranjero pueda llegar a las Islas antes de la fecha prevista por el Ejecutivo central para el conjunto del Estado, el 1 de julio, pero ha vuelto a insistir en la necesidad de exigir test negativos de detección de la COVID-19 en origen para garantizar la seguridad sanitaria en el Archipiélago. “Estamos haciendo un esfuerzo denodado para que así sea”, ha manifestado Torres en la rueda de prensa convocada tras la celebración de la duodécima conferencia de presidentes durante este estado de alarma.

El presidente canario ha explicado que a partir de la fase 3, en la que entrarán desde este lunes La Graciosa, La Gomera y El Hierro, y a la que se espera que transiten el 8 de junio el resto de islas, serán las comunidades autónomas quienes asuman la gobernanza de la desescalada, hasta ahora en manos del Gobierno central. Desaparece así el mando único, con una única salvedad: la movilidad.

A partir de ese momento, ha dicho Torres, Canarias hará esfuerzos para aumentar la conectividad no solo entre islas, sino también con la península y con el extranjero. A sus bondades naturales, vinculadas con el paisaje, el clima o la gastronomía, el Archipiélago ha sumado durante esta crisis del coronavirus “un atractivo inesperado, la seguridad sanitaria”, ha manifestado el presidente canario, que ha recordado que la comunidad ha sido capaz de cerrar con éxito un hotel entero en el sur de Tenerife para evitar la propagación de un brote y ha podido mantenerse como la región con menos incidencia por número de habitantes de todo el Estado. Para que este esfuerzo “no se vaya al traste”, es indispensable asegurarse de que los turistas no estén contagiados, para lo que su Ejecutivo se está planteando también medidas de refuerzo en los aeropuertos.

Torres ha explicado que en la Unión Europea se están negociando los términos para impulsar un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, de los que se calculan que 180.000 irán al sector turístico y, de ellos, 140.000 al español. De esta cifra, 77.000 millones serían “a fondo perdido”, no reembolsables, y los otros 63.000 millones corresponderían a préstamos. El marco temporal de estas medidas, que “se tienen que cerrar aún”, abarcaría desde el año 2021 a 2024.

Esta cantidad se sumaría a los fondos ya aprobados del plan de reactivación europeo, que asciende a 540.000 millones y que servirán para inyectar liquidez en los países miembros para tratar de contrarrestar las graves consecuencias económicas y sociales generadas por la pandemia.

En esta línea, Torres ha celebrado la aprobación en el pasado Consejo de Ministros del denominado ingreso mínimo vital, del que se van a beneficiar, dijo, unas 48.000 familias canarias. Esta renta, que va desde los 462 euros para las personas que residan solas hasta los algo más de mil para aquellas que tengan varios hijos, convivirá con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante un tiempo, hasta que esta última “deje de tener sentido”. También será complementaria a la Renta de la Ciudadanía Canaria acordada por el Ejecutivo regional antes del ingreso mínimo.