Torres desmiente los supuestos informes para precintar las obras de la cárcel
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, aclaró este martes que los supuestos informes a los que los medios de comunicación han hecho referencia estos días, “nada tienen que ver con el precinto de la obra de la cárcel de Juan Grande”.
“No es cierto que haya engañado a los vecinos y quien dice eso, o bien no ha participado en ninguno de los encuentros que he mantenido con ellos o simplemente pretende manipular a personas realmente afectadas por el problema utilizando métodos engañosos y difamatorios”, indicó.
Desde primera hora de este lunes, varios vecinos permanecen encadenados a las puertas de la Alcaldía para reivindicar, a tenor de la existencia de estos informes, el precinto de las obras.
“No existe ni un solo informe municipal, como se ha dicho, del que se pueda deducir, se diga explícitamente, se intuya, se pueda pensar, se recomiende o se aconseje la posibilidad de precintar las obras que se están llevando a cabo en los Llanos de Juan Grande”, sostuvo Torres.
Ambos están realizados por técnicos municipales y mientras uno trata sobre la legitimación de la orden dada por el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, “permitiendo el inicio de las obras”; el otro versa sobre la capacidad del Ayuntamiento para recurrir la convocatoria del concurso abierto para la construcción de la instalación.
En el primero de los casos, la conclusión del técnico fue que, “basándose en el artículo 63.2 de la Ley de Base Local, no cabía recurso al no invadir la orden las competencias municipales”.
En el segundo de los casos, “si bien estábamos legitimados, sólo supondría gastos para las arcas municipales al contar el Estado con todos los argumentos legales favorables para que la decisión judicial fuera contraria a los intereses que se intentan defender por parte del Ayuntamiento”, explicó la primera edil.
Ambos informes eran públicos y se encuentran dentro del dossier que la Alcaldía preparó para los vecinos según el compromiso adquirido personalmente por la regidora municipal en la reunión mantenida en la Casa Condal, y que aún no han recogido, argumentó.
El Estado decide dónde se debe ubicar
La alcaldesa recordó que es responsabilidad única del Estado la decisión de dónde se debe ubicar la prisión, y esta decisión escapa a cualquier competencia municipal, donde el comenzó el proceso en el año 2001 y decide de forma definitiva Los Llanos de Juan Grande en el año 2005.
El lugar que se ha fijado en los Llanos de Juan Grande es propiedad del Gobierno de Canarias, tanto CC como PP han asumido la venta de los terrenos para la construcción de la cárcel, a pesar de afirmar “por boca del consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, que no lo haría sin el acuerdo previo de este Ayuntamiento”.
Para Torres resulta “incomprensible que siendo el Gobierno de Canarias quien cuenta con los medios legales y físicos para llevar a cabo el precinto, sean consejeros y directores generales del PP y CC los que pregonen la ilegalidad de las obras y, por contra, no hayan actuado en ningún momento”.
“El Ayuntamiento carece de capacidad legal para precintar”, al estar dicho expediente en manos de la Agencia de Protección del Medio Rural y Urbano, que depende directamente del Gobierno de Canarias, aseguró.
La pretensión vecinal de que sea el Ayuntamiento quien lleve a cabo el precinto es, según todos los informes jurídicos una ilegalidad, “pudiendo llegar a la prevaricación en caso de que se lleve a cabo”.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cumple con la ley “de forma estricta”, y es sólo competencia del PP y del CC a través del Gobierno de Canarias, llevar a cabo las actuaciones precisas para el precinto.
