“Trueque vergonzoso” por la Comisaría Centro
La Asociación de Vecinos de la Vega de San José-Cono Sur ha denunciado que si el Gobierno de Canarias llega a ceder al Gobierno central el suelo de las instalaciones de la Guardia Civil, ubicadas en la calle Alicante, en base a una serie de compensaciones por las que adquiría, sin necesidad de desembolsar dinero, la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional situada en la calle Agustín Millares Carló, estaría cometiendo un “trueque vergonzoso por su propia ineptitud”.
La Administración regional continúa en negociaciones con la Institución estatal para llevar a cabo el intercambio. Unas conversaciones que se iniciaron hace unos meses y que se encuentran enmarcadas en un proceso de reordenación del patrimonio de ambas corporaciones en el Archipiélago, para reducir los gastos de alquiler.
El presidente de la Asociación vecinal, Óscar Roque, denuncia en una carta que la edificación ubicada en la Vega de San José que se engloba en las conversaciones se trataría del cuartel militar Frontex, denominado también Centro de Coordinación Regional en materia de Lucha contra la Inmigración Ilegal en Las Palmas. Un complejo que, añade, contraviene el acuerdo alcanzado por el Parlamento de Canarias en el año 2004, relativo a la reubicación de las instalaciones militares fuera del casco urbano.
Por este motivo, exige al Ayuntamiento capitalino que se persone como parte interesada en el proceso de negociación, para que “se hagan valer los derechos de los vecinos” y advierte del coste que pueden suponer para las arcas municipales “futuras sentencias indemnizatorias o de reposición”. Asimismo, propone a la Administración local que convierta el complejo en un Centro Cívico “habida cuenta de los 17.000 habitantes con los que cuenta este barrio, con multitud de carencias sociales”.
Roque reivindica que la obra militar ejecutada se hizo al amparo del denominado Plan E “sin título legal para ello, infringiendo la normativa legal vigente en la materia y del Propio Plan General de Urbanismo de la ciudad, lo que entrañaría la malversación de los fondos públicos, prevaricación, etc.”. Asimismo, califica este hecho como “la mayor de las infracciones urbanísticas y engaño de todos los tiempos de Canarias”, además de una “imposición a base de una política de hechos consumados conculcando multitud de leyes y reglamentos del Estado de derecho, propio de los regímenes totalitarios bananeros”.
Manifiesta que hasta tal punto llega el engaño, que en el 2008 se llegó a emitir el recibo de bienes inmuebles por el Ayuntamiento de una finca no inscrita en el Registro de la Propiedad, de titularidad y patrimonio de la Comunidad Autónoma, que fue liquidado ante la entidad bancaria colaboradora por más de 260 euros y señala que “sorprendentemente el documento público aparece a nombre de la Comandancia de la Guardia Civil”.
La Asociación considera “el colmo de los colmos” que las negociaciones engloben al edificio de la benemérita, porque la Consejería de Economía y Hacienda ya fue advertida hace años de la titularidad del suelo en el que se pretendía ejecutar el cuartel, aunque “prefirieron hacer oídos sordos y continuar con el engaño y las vulneraciones sistemáticas del Estado de derecho”.
El colectivo advierte de que adoptará nuevas acciones legales a las ya iniciadas en un futuro inmediato “de persistir el encubrimiento de los ilícitos penales”.
Cuartel y macropalacio
Roque señala que el cuartel se ha quedado obsoleto debido a la imposibilidad de que se expanda en una zona protegida, como es el frente marítimo de entrada y salida a la ciudad y denuncia que la “militarización” del perímetro de seguridad del edificio provoca inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos, por lo que emplaza su ubicación a otros enclaves, como la Isleta, Tívoli o Lazareto-Gando.
Asimismo, reivindica que la congestión de la zona se ve agravada con la inminente puesta en funcionamiento del “macropalacio” de Justicia que, añade, no se encuentra dotado de los servicios mínimos exigibles, como jardines, viales, aparcamientos y accesos, entre otros, “masificando aún más el poco espacio existente en la Vega de San José”, concluye.
