El TSJC traslada al fiscal la causa sobre Adán Martín
caso Anfi Tauro,Operación Góndola
El alto tribunal canario trasladó las actuaciones al Ministerio Fiscal, para que se pronuncie sobre la competencia de la Sala de lo Civil y lo Pensal del TSJC para investigar a los dos miembros del Gobierno aforados, su presidente y el consejero, y al director del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias. El TSJC designó como instructora delegada del caso a la magistrada Margarita Varona.
El alto tribunal canario recibió el pasado vienes día 9 del Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana una pieza separada del caso, derivada de la investigación en Mogán por presunta corrupción denominada Operación Góndola, que remitió el juez de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana, José Alexis Reyes Negrín, la tarde del jueves 8 de febrero.
El Gobierno pide “máxima eficacia, garantía y diligencia”
El portavoz del Ejecutivo canario, Miguel Becerra, dijo este martes que la investigación sobre la supuesta corrupción urbanística en Mogán (Gran Canaria) “evidentemente” es una situación que preocupa al Gobierno y pidió a la justicia “la máxima eficacia, garantía y diligencia”. Miguel Becerra solicitó “con el mayor respeto” al TSJC que tenga diligencia en resolver este asunto ya que afecta “a la máxima institución canaria”.
Igualmente, el presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, instó este martes a la Fiscalía y al TSJC a que resuelvan con la máxima urgencia y celeridad el expediente separado sobre el caso Góndola que afecta a miembros del Gobierno canario, dado el irreparable daño que está produciendo en la imagen de la comunidad autónoma. El también candidato matizó que es sólo un paso procesal necesario para resolver posteriormente sobre el fondo del asunto, que es lo que es urgente resolver.
“Insto a la urgente resolución de este expediente, por la gravísima repercusión que sobre la imagen y credibilidad de la comunidad autónoma, de su primera institución y del presidente del Gobierno de Canarias”, tiene el asunto, señaló Rivero. El dirigente nacionalista se mostró “absolutamente convencido de la transparencia y objetividad del Gobierno de Canarias, que ha actuado con el máximo rigor y de acuerdo a la legislación vigente”.
Agregó que cuando se produzca la resolución sobre el fondo del asunto “alguien tendrá que responder sobre el gravísimo e irreparable daño” causado a las instituciones canarias, aunque no especificó a quién se refería. Rivero señaló que CC se reserva el derecho a llevar a cabo acciones legales “para depurar las gravísimas responsabilidades que por la manipulación de este asunto pueda haber en la Administración central del Estado”.
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