El gen centralizador del PP
“No se ha demostrado que en el título VIII no haya una clara ruptura del Estado español”. Quien así hablaba desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados un día de julio de 1978 era Manuel Fraga Iribarne, entonces líder de Alianza Popular (AP), presidente fundador del Partido Popular (PP), la opción política que gobierna España 35 años después de que se pronunciaran esas rotundas palabras.
Un discurso que contó con 248 votos en contra, 17 a favor y dos abstenciones.
Pero antes de ese debate, hubo otros durante la Comisión parlamentaria constitucional. En el del artículo 130 (que, finalmente, fue el 137), Fraga pretendía que se dijera que “el territorio de España se divide en regiones, provincias y municipios...”, sin que apareciera para nada el concepto de comunidad autónoma.
Fraga aseguraba hace 35 años que “no se ha demostrado que en el Título VIII no haya una clara ruptura del Estado español”
Para el fundador de AP y del PP, en el Título VIII se dirimían dos cuestiones fundamentales, y por eso defendió un voto particular a la totalidad del mismo: “Si se concibe España como una nación que, a través de un Estado formado por la soberanía popular, procede a organizar su territorio; o si concebimos a España -y así se ha expresado ya en esta Comisión con palabras que algunos no olvidaremos jamás- como una nación de naciones, un Estado plurinacional”.
Las divisiones entre pragmáticos e intransigentes en el interior de AP abocaron a una votación del texto constitucional en el Congreso bastante inusual, pues Fraga dio libertad de voto a los conservadores: cinco diputados votaron en contra, tres se abstuvieron y el resto (nueve) lo hicieron a favor.
Este debate dejó profunda huella en AP, hasta el punto de que el ala más ultraconservadora aprovechó para separarse en el III Congreso Nacional.
Las tendencias disolventes de Aznar
Sin embargo, Fraga no era el único gran dirigente del partido que ahora gobierna España en cuestionar el Título que desarrolla la organización territorial del Estado.
El presidente de honor del PP, José María Aznar, escribió en 'La Nueva Rioja' el 23 de febrero de 1979: “Tal como está redactada la Constitución de 1978, los españoles no sabemos (?) si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término 'nacionalidades”.
Aznar, precisamente el dirigente que atrajo a los alejados ultraconservadores (quienes no admitieron nunca el Título VIII) al seno del PP para conseguir la masa crítica necesaria para ganar las elecciones en 1996.
Está claro, por tanto, que el recelo al modelo constitucional que refrendaron los españoles el 6 de diciembre de 1978 está incrustado genéticamente en el PP y se mantiene con el paso de las décadas, hasta el punto de que el propio Aznar afirmó en diciembre de 2012 en 'Los Desayunos de TVE' que “hay que ordenar un Estado desbordado, insostenible e inútil, en constante centrifugación y destrucción”.
No es de extrañar, por tanto, que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy esté usando la crisis económica como excusa para conseguir lo que la derecha lleva buscando desde 1978: rebajar el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución.
Y esa ansia genética se traduce en reales decretos ley y leyes orgánicas y apelando, curiosa y torticeramente, al reformado artículo 135 de la Constitución con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución.
Una centralización del Estado basada en acogotar y asfixiar financieramente a municipios y autonomías que lleva, lenta pero inexorablemente, a la intervención del Estado en los gobiernos para garantizar el cumplimiento de la Constitución.
Esa asfixia ha provocado que las autonomías hayan pedido ayuda al Estado central por sus ahogos financieros, provocados por el propio Gobierno central, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que muchos llaman Fondo de Liquidación de las Autonomías, pues desde el PP se ha usado para lanzar el mensaje de que los números demuestran, como dijo Aznar, que este modelo autonómico es inviable.
Y de ese mensaje, el sector más ultramontano avanza a que hay que echar el cierre a las autonomías y volver a un Estado centralista.
Reforma local
En nombre de la estabilidad presupuestaria, antes de la implantación de la reforma de la Administración local impulsada por el Gobierno del PP, desde La Moncloa se prevía que durante 2013 las entidades locales sufrieran un recorte de “2.000 millones de euros, la mitad materializado en la caída de inversiones”.
Según documentos internos del propio Ejecutivo central, ya publicados en mayo por CANARIASAHORA, la Ley de Reforma de la Administración Local tendrá un impacto “crucial” en la disminución de recursos, ya que el Gobierno cifra el recorte a municipios y cabildos en “8.000 millones de euros en 2014-2015”, sin olvidar que esta reordenación va a suponer un incremento de los gastos para las ya mermadas arcas de las comunidades autónomas.
En conjunto, y mientras no se produce una reducción del gasto estructural del Estado, el Gobierno si obligará a las comunidades autónomas a promover “una reducción del gasto de 1.900 millones en 2014 y de 2.000 millones en 2015”.
¿Y de dónde van a reducir las autonomías? El Gobierno de Rajoy lo tiene claro: “existe margen de reducción de gastos en las comunidades autónomas en los servicios fundamentales”.
Canarias, contra las cuerdas
En el caso de Canarias, el Programa de Estabilidad pone contra las cuerdas inversiones en carreteras, infraestructuras hidráulicas o el Plan de Empleo (PIEC) ya reducido en 2012 a 10 millones de euros.
Un programa basado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha sido recurrida por Canarias ante el Tribunal Constitucional por vulneración del principio de autonomía política y autonomía financiera de las comunidades autónomas. Iniciativa que ha sido admitida a trámite el pasado 26 de febrero
El Archipiélago ya ha sufrido una rebaja del 46% en el capítulo de inversiones en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado, y hay 137 millones pendientes de liquidar con el Estado y que corresponden a la financiación de los años 2008 y 2009, más las devoluciones pendientes por la extinción el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).
Soraya Sáenz de Santamaría: “El sistema, tal y como lo tenemos, no es sostenible. A veces las crisis son una oportunidad. Ésta puede serlo para hacer una gran reforma”.
Fue el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, quien cuantificó a finales de 2012 en el Parlamento en 2.000 millones de euros el déficit por incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Estado en los últimos cinco años.
Pero, pese a estos preocupantes recortes, ahí no acaban los problemas para Canarias, pues el Programa de Estabilidad aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de abril recoge que “es destacable que una parte de las correcciones se llevará a cabo en conceptos destinados a transferir recursos finalistas a las comunidades autónomas que se reparten mediante conferencias sectoriales”, es decir, que las autonomías, y entre ellas Canarias, “habrán de minorar a su vez el gasto en estas políticas en el importe que van a dejar de percibir”.
O lo que, traducido, significa que aún habrá menos dinero para los convenios suscritos en carreteras, infraestructuras hidráulicas o el Plan de Empleo (PIEC).
En este punto, hay que recordar que el Gobierno canario interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado por el trato “discriminatorio” dispensado a la Comunidad Autónoma, al reducir “de forma unilateral y sin negociación previa” su aportación al Convenio de Carreteras en el año 2012 desde los 207 millones de euros previstos a 68,45 millones. Un recorte que se elevó al 73 por ciento para este año y que, en conjunto, ha significado 291 millones de euros menos en dos años.
De los millones de euros que el Estado tendría que transferir en 2013 a Canarias según lo establecido en el convenio suscrito, la partida en las cuentas del ejercicio vigente se ha quedado en 54 millones, una cantidad absolutamente insuficiente y que, a tenor de lo estipulado en el Programa de Estabilidad, irá a menos en los próximos años.
Intereses abusivos
A este escenario financieramente infernal contribuye el Ministerio de Economía, al frente de Luis de Guindos, con su particular granito de arena al aplicar 'criterios abusivos' a Canarias, a la que impide financiarse con una entidad financiera americana que le supondría un ahorro de 7,5 millones de euros sobre un préstamo de 500 millones.
Así lo denunció el 28 de mayo en la Cámara regional el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, al acusar al Gobierno central de “estar obligando a Canarias a financiarse exclusivamente con los bancos nacionales, pagando así un mayor importe en intereses que el ofrecido por entidades internacionales”.
Una denuncia que pasó sin pena ni gloria durante más de un mes por las redacciones de los medios de comunicación canarios y que tuvo que repetir el consejero en sede parlamentaria para que fuera titular de primera página: el Estado obliga a suscribir préstamos con los bancos españoles “a 250 puntos básicos por encima del coste del Tesoro” mientras rechaza la posibilidad de adquirir ese mismo crédito “por un interés de 100 puntos básicos”.
Más recortes
Pasan los meses y el gen centralizador crece y muta, con el fin de extenderse en todas las direcciones posibles e impedir que pueda ser contrarrestado.
Así, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 31 de julio podría tener aún más daños colaterales para Canarias además de haber aprobado el 1,2 % de déficit asignado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en vez del 2 por ciento que pedía la Comunidad Autónoma.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite el 23 de febrero el recurso presentado por Canarias contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Además de haber conseguido 320 millones de euros menos los exigidos por Canarias los recortes del ministro Cristóbal Montoro podrían no haber terminado. Y podrían afectar, sobre todo, a Empleo y políticas sociales.
Tras la reunión, el consejero González Ortiz denunció que los ingresos que corresponden a las Islas a través de las Conferencias Sectoriales, y que ascienden a más de 93 millones de euros para 2013, aún no han sido transferidos porque el Estado se ha comprometido con la Unión Europea (UE) a recortar 1.000 millones de euros del total de estas partidas destinadas a las comunidades autónomas.
De esos 93 millones de euros asignados a las Islas, 76 millones están dirigidos a sufragar políticas activas de empleo; otros 5,7 millones a acción social; 3,5 millones al área de agricultura; y cerca de 1 millón de euros a educación, entre otras transferencias.
Pero la voracidad no acaba ahí. En esa misma reunión del CPFF el gen centralizador mostró su nuevo campo de batalla: la deuda comercial en el sector público.
Montoro, célula transmisora del gen centralizador del PP, vuelve a usar el 'austericidio' para rebajar las competencias de las comunidades autónomas y las corporaciones locales interviniendo directamente en la autonomía financiera de aquellas que tarden en pagar a sus proveedores y decidiendo qué recursos destinados a servicios públicos esenciales se usarán.
Canarias ya estudia presentar un recurso al Tribunal Constitucional (TC) si la nueva Ley Orgánica se aprueba en esos términos.
Unos términos que demuestran que lo que dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en octubre de 2012 va a ser aplicado por el Gobierno para saciar el ansia de su gen centralizador: “El sistema, tal y como lo tenemos, no es sostenible. Cuando los ingresos van bien, cuando hay bonanza, el modelo administrativo lo aguanta todo. Pero el modelo tiene que servir también para tiempos de crisis. A veces las crisis son una oportunidad. Ésta puede serlo para hacer una gran reforma”.
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