Incompatibilidad (bastante) compatible

Corría el año 2008. La primera legislatura paulina ya había sorteado sus primeros 18 meses de vida con José Manuel Soria como plenipotenciario número dos del Gobierno de Canarias. Las sesiones plenarias y las comisiones del Parlamento estaban marcadas por la tensión y los duros enfrentamientos con la oposición socialista que lideraba Juan Fernando López Aguilar. Y un nuevo episodio, generado extramuros del Parlamento, volvió a convulsionar las paredes del palacete de Teobaldo Power hasta el punto de que la opinión pública comprobó hasta donde llegaban los privilegios de la profesión de diputado.

Un periodista, Carlos Sosa, había presentado el 26 de noviembre en los juzgados como prueba del llamado caso Salmón el contrato de arrendamiento de servicios que unía a Manuel Fernández, un diputado con dedicación exclusiva (y sueldo), con el Grupo Anfi. Un contrato que, en principio, era incompatible con la dedicación a tiempo completo de su señoría, que no podía cobrar dos sueldos. Juan Carlos Alemán y Francisca Luengo, por entonces miembros de la Mesa de la Cámara que presidía Antonio Castro, requirieron a Fernández ese documento contractual vinculante.

Fernández, que también era por aquel entonces secretario general del PP de Canarias, remitió un escrito el 10 de diciembre (en los anales del Parlamento quedó registrado con el número 4.269) en el que se afirmaba que “la Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida por un socialista, informó positivamente de mi solicitud de compatibilidad”. Ese socialista era Manuel Fajardo (actual viceconsejero de Relaciones con la Justicia), que inmediatamente remitió otro escrito a la Mesa acusándola de mantener un “silencio cómplice”, pues la compatibilización de Fajardo la había dictaminado la propia Mesa en base a un acuerdo adoptado el 5 de junio de 2007.

Oficialmente, toda actividad remunerada al margen de la de diputado debe ser expresamente autorizada por la Mesa del Parlamento. Un plácet que tras las pesquisas periodísticas a tenor de lo sucedido con Fernández se demostró que se había sometido a interpretaciones bastante laxas, discrecionales y opacas de cara al control de la opinión pública en todos los años de vida política autonómica.

Esa falta de transparencia, hace siete años, se justificaba desde la Mesa de la Cámara y los servicios jurídicos del Parlamento porque esos datos son reservados y solamente pueden ser puestos en conocimiento de un juez si éste así lo requiere, que es lo que había sucedido con Fernández. Esa reserva hacía prácticamente imposible conocer a qué se dedica su señoría fuera de su escaño a menos que cada diputado decida desvelarlo de motu proprio.

Una comisión secreta en plena transparencia

transparenciaUna reserva que se mantiene en 2015 pues ni siquiera el pluripartidismo que tiene el arco parlamentario en la legislatura del buen rollito ha dado su brazo a torcer y la Comisión del Estatuto del Diputado, que es la que debate si se autoriza la compatibilidad de las señorías que así lo requieran, seguirá siendo secreta por unanimidad. Y también se han puesto de acuerdo las seis fuerzas parlamentarias actuales esta misma semana en dejar en la penumbra cuál será la segunda actividad a la que se dedicará el diputado compatibilizado y ni siquiera se controlará el tiempo que dedicará a esa segunda (o tercera) actividad.

Es decir, que en la era de la transparencia a la ciudadanía se la seguirá poniendo una venda en los ojos y un número determinado de representantes de los canarios en la Cámara regional (la lista si será pública) podrá compatibilizar la actividad pública y la privada sin saber por qué y solo con la bendición del Reglamento y de la Mesa del Parlamento.

No deja de ser una paradoja que fuerzas como Podemos, que nacieron contra la casta, perpetúen ahora un sistema de privilegios que sigue siendo opaco. O que Nueva Canarias se sume a ello. Máxime cuando en septiembre del pasado año su líder, Román Rodríguez, decía que el control de las actividades privadas de los parlamentarios debe ser muy estricto y limitado.

Y aún peor, mientras que los diputados de la pasada legislatura limitaron a la docencia e investigación las actividades a las que podrían dedicarse los diputados que cobraran sueldo, con la modificación aprobada el 15 de diciembre es posible que abogados mantengan abiertos sus propios bufetes.

Porque aunque el reglamento prohíbe el ejercicio de cualquier otra actividad profesional pública o privada retribuida, así como el desempeño de cualquier otra profesión o actividad directamente o mediante personas interpuestas, no prohíbe expresamente que se mantenga una vinculación con un bufete manejando información privilegiada, y a veces hasta reservada. ¿Pueden hacer uso de lo que conocen como diputados en beneficio de un cliente de su despacho? Aunque deontológicamente la respuesta puede tener matizaciones, reglamentaria y legalmente solo hay una: sí.

Patrimonio personal

Y aún más, los diputados podrán dedicar parte de su tiempo a administrar el “patrimonio personal o familiar” siempre que su participación en el mismo sea inferior al 10% y sin que se indique una limitación al valor que puede tener el susodicho patrimonio.

Y hay otra trampa, porque aunque está prohibido que perciba dos salarios, podrán recibir dietas e indemnizaciones si participan en congresos, seminarios, conferencias y medios de comunicación, así como en fundaciones y entidades sin ánimo de lucro o interés social, si esos días no han cobrado la dieta parlamentaria.

Y, por supuesto, podrán cobrar las ganancias derivadas de la producción y creación literaria, artística o técnica y las publicaciones derivadas de ellas.