Sólo quería concertar una cita, dice el jefe de Vivienda del Gobierno acusado de revelación de secretos

El jefe de servicio de Promoción Pública de Vivienda del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Troya, se defendió este miércoles ante un tribunal del delito de revelación de secretos por el que le acusa la Fiscalía Provincial de Las Palmas -por dar datos “confidenciales y relevantes” a un matrimonio que estaba siendo investigado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-, alegando que tan sólo trataba de concertar una cita entre éste y dos trabajadoras sociales del consistorio.

La denuncia a Troya surge en el seno de una pelea familiar por las escrituras de una vivienda de titularidad municipal ubicada en la calle Agustina de Aragón, en el barrio de Schamann. El procedimiento se inició en 2009 con la querella interpuesta por J.R.P, un vecino de la capital grancanaria que denunció que el jefe de Vivienda había intercedido a favor de su cuñada, I.M.P., y del marido de ésta cuando el Consistorio investigaba si el matrimonio adjudicatario del domicilio residía en el mismo y no en un apartamento situado en la calle Secretario Artiles.

Troya acudió como acusado al Juzgado de lo Penal 3 de Las Palmas, junto a Dolores López, jefa de los servicios de Vivienda del Consistorio durante los hechos denunciados, y Yolanda Ventura, entonces concejala del Partido Popular y directora del área de Vivienda y Servicios Sociales. El Ministerio Público acusa a ambas de un delito de prevaricación.

Durante su intervención, el acusado aseguró que vio por primera vez al marido de I.M.P. el día que entró en su despacho para comentarle el enfrentamiento que mantenía con su cuñado por el inmueble y su temor a perder el mismo. “A mi puerta venía gente con problemas”, recordó. Fue entonces cuando dijo haberse ofrecido a mediar para que el Ayuntamiento les hiciera una entrevista.

Una puntualización que fue puesta en duda por el hijo del denunciante, que advirtió de que el matrimonio hacía años que no residía en la vivienda y que Troya “era amigo” del marido de la adjudicataria, porque “le aportó la escritura de mi casa”.

Troya señaló que, tras hablar con López, contactó con las dos trabajadoras sociales que investigaban el expediente y que, según su versión, le trasladaron el día que iban a visitar al matrimonio “en Gáldar”. Aunque el fiscal recordó a Troya que durante la instrucción reconoció haber revelado a la pareja el día en que las trabajadoras visitarían la vivienda de la calle Agustina de Aragón, en esta ocasión el acusado matizó y dijo que en todo momento “lo que me revelan es que van a ir a Gáldar”.

“Cuando salgo de allí llamo al señor para tranquilizarlo y decirle que las trabajadoras sociales van a ir a visitarlos a Gáldar. Ellos me dicen que no están en Gáldar y vuelvo a llamar a las trabajadoras sociales para decirles que están en Las Palmas”, puntualizó. Asimismo, se refirió en todo momento a que se limitó a tratar de que ambas partes se pusieran en contacto. “Me limito a intentar que tengan una entrevista”, insistió.

Sin embargo, su versión difiere de la de las trabajadoras sociales, que se mostraron más explícitas. Una de ellas relató cómo Troya restaba importancia al informe que estaban elaborando afirmando que “la situación estaba clara” a favor del matrimonio y “me preguntaba cuándo íbamos a ir a la visita de Agustina de Aragón”.

Aunque una de ellas reconoció a preguntas de la defensa que “puede ser que en ese momento tuviéramos la idea de ir” a dicho municipio grancanario, la otra se mostró tajante al afirmar que “le dijimos que íbamos a ir a Agustina de Aragón, no a Gáldar”.

A pesar de que afirmó haber advertido al jefe de Vivienda de que tenían por norma no avisar a las familias que supuestamente habitaban los domicilios, para no advertirlas de la inspección y que les diera tiempo de arreglar la casa “insistió en que le dijéramos cuándo íbamos a ir”.

En la siguiente llamada, recuerda la trabajadora social, Troya le dijo que ya había avisado a la familia, motivo por el que decidieron acudir otro día al domicilio donde no encontraron a nadie en el primer piso, por lo que hablaron con J.R.P. que habitaba en la planta superior.

Sin embargo, cuando bajaron vieron un vehículo frente a la casa y a unas personas trasladando enseres a su interior en lo que, a su juicio, parecía una mudanza. Tras esto, acudieron a la calle Secretario Artiles, donde la presidenta de vecinos les confirmó que I.M.P. residía con su marido en el edificio, donde comprobaron que mantenían una plaza de aparcamiento en un parking de la zona.

En este punto, consideró que el matrimonio no tenía necesidad de una vivienda de titularidad municipal. Una vez incluido todo en el expediente, recordó que el jefe de Vivienda mostró una actitud de “pedir cuentas” por los motivos por los que su nombre figuraba en su informe.

Aunque dijo haber confiado en que Troya no iba a dar la información, que llegó a calificar de secreto profesional, al jefe de Vivienda no le pareció que la fecha en que los servicios municipales iban a girar la visita fuera relevante para evitar el posible fraude. Una posición semejante a la mantenida por una trabajadora de la misma Consejería del acusado que acudió como testigo de la defensa.

La entrevista, la clave

Las defensas trataron de echar por tierra en todo momento el informe de las trabajadoras sociales al no contar con una entrevista a los adjudicatarios de la vivienda e, incluso, una de ellas reconoció que el mismo podría tener “lagunas”. La perito encargada de concluir el informe jurídico que hizo caso omiso del documento de las trabajadoras sociales y fue suscrito por López y Ventura, llegó a decir que ambas profesionales mantuvieron una postura “parcial” y “subjetiva”, al no haber entrado en la casa ni haberse puesto en contacto con I.M.P y su marido.

La jefa de los servicios de Vivienda del Consistorio durante los hechos denunciados dijo haber concluido que el informe social estaba “cojo” al no contar con la entrevista y que no transmitía con “absoluta seguridad” que el domicilio se encontraba vacío. Asimismo, afirmó haber hecho siempre caso al dictamen de los servicios jurídicos en sus propuestas de resolución, por mucho que los mismos sean también vinculantes.

Una defensa similar a la esbozada por Ventura, que se definió a sí misma en aquella época como una mera “firmadora” que no leía muchos de los documentos que firmaba. “No es mi función analizar la burocracia”, apostilló.

El fiscal, por su parte, puso en valor el trabajo de campo realizado por las trabajadoras sociales ya que “puede haber hechos subjetivos, pero hay hechos objetivos” y cuestionó la existencia de funcionarios que firman documentos sin leerlos previamente. Además, dejó entrever que la participación de Troya puede ser “más grave” y reiteró que el acusado ha cometido una infracción al haber revelado un secreto que ha podido perjudicar una causa pública. “Sin sorpresa es difícil hacer este trabajo sin garantía”, concluyó. La acusación particular, por su parte, hizo referencia a una serie de intereses inmobiliarios de Troya, tras los que definió como “un entramado”.

El Ministerio Público pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Troya y ocho años de inhabilitación para las otras dos acusadas. Por su parte, durante el juicio, que duró casi cinco horas, la defensa pidió la absolución de los imputados y la abogada de Troya, incluso, reprochó al fiscal su alegato final, al considerar que faltaba al respeto de su cliente.