Acuerdo en el Congreso para la creación de un centro estatal de salud que establecerá la estrategia sanitaria
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo en el Congreso por el que la futura Ley de Salud Pública, que actualmente se está tramitando en dicha Cámara, creará un 'Centro Estatal de Salud', cuyas funciones serán el seguimiento, la evaluación y la coordinación de la estrategia de Salud Pública a nivel estatal.
Así se desprende de una de las enmiendas pactadas entre los grupos parlamentarios, a iniciativa de IU, y a la que ha tenido acceso Europa Press. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha destacado que con este centro se salvará la “rotunda negativa” y el “veto impuesto” por el equipo económico del Gobierno a crear una agencia estatal de salud, “alegando motivos poco justificados de ahorro económico”.
En concreto, la modificación aprobada señala que este centro “tiene como objetivo el asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado. Asimismo, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico, y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones”.
En el trabajo de la ponencia encargada de informar sobre este Proyecto de Ley General de Salud Pública, celebrado a puerta cerrada en el Congreso, se ha conseguido también que la inclusión de un estudio de impacto en la salud, en la línea de los estudios de impacto medioambiental, en aquellas políticas o planes que puedan que puedan repercutir en la salud de la población.
El también presidente de la Comisión parlamentaria de Sanidad ha mostrado su satisfacción por “haber dado un vuelco sustancial” en la fase de ponencia al texto del proyecto de ley que el Gobierno que “había vaciado de contenido” después de que IU haya sacado adelante 40 de sus casi 80 enmiendas presentadas, que incluyen mejoras para los profesionales, en materia de vigilancia de la salud, financiación e información para los ciudadanos.
MÁS ACUERDOS
El nuevo texto establece igualmente que “a los profesionales sanitarios de la salud pública se les aplicará lo dispuesto en el Título III sobre desarrollo profesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, definiéndose necesariamente la correspondiente carrera profesional”.
Igualmente, se ha acordado la creación de la Red de Vigilancia de Salud Pública, un sistema que coordinará los diferentes sistemas de vigilancia ya existentes e “incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida”. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las 24 horas del día. Su configuración y funcionamiento serán determinados a través de un reglamento.
INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS CIUDADANOS
En una línea similar, se garantiza la información pública periódica a los ciudadanos sobre los posibles riesgos que pueden afectar a su salud, indica Llamazares.
De acuerdo con ello, el texto incluye, a propuesta de IU, una nueva redacción de su artículo diez donde se señala que, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades públicas, las administraciones sanitarias informarán sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población.
“Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de las recomendaciones para la población”, agrega.
Además, se ha añadido una nueva disposición adicional que establece que “las prestaciones que establece esta ley se financiarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2003 de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”.
Del mismo modo, se mejoran de “forma sustancial” las garantías para que ninguna organización ni profesional que colabore con las administraciones sanitarias pueda sacar un provecho privado inadecuado de este trabajo.
En esta línea, el nuevo artículo 11 de la ley establece que “las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.
