''Un agresor sexual no puede estar en la calle''
“Estoy llena de miedos”. Irene ?nombre ficticio-, una ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria de 46 años, confiesa sentirse atemorizada. Hasta en una decena de ocasiones se ha cruzado por la calle en los últimos meses con G.M.F., un hombre de 50 años que fue condenado el 1 de julio de 2011 a dos años de prisión por agredirla sexualmente.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2009 en casa de Irene. El agresor, cuñado de la mujer que limpiaba en su casa, se personó en el domicilio con síntomas de embriaguez. Según relata la víctima, eran simples conocidos y habían coincidido en alguna ocasión, siempre con la intermediación de su empleada doméstica, con la que había entablado amistad.
Irene asegura que abrió la puerta a G.M.F. porque pensaba que iba a comunicarle algo sobre la cuñada de éste, “que se encontraba en una situación complicada tras perder a su hijo diez días atrás”. Una vez dentro del piso, como reconoció el acusado en el juicio, comenzó a forcejear con ella de manera violenta hasta alcanzar el dormitorio, donde realizó tocamientos por todo el cuerpo de Irene, incluido su órgano sexual, al tiempo que intentaba taparle la boca para evitar que gritase.
La víctima consiguió librarse del agresor tras varios intentos. “Le decía que estaba loco, que era padre de dos hijas. Le grité y reaccionó”, cuenta Irene, que insistió para que se marchara y salió al pasillo para avisar a un vecino. Según consta en su declaración en dependencias policiales, el agresor se dirigió entonces al baño, donde permaneció un tiempo. La agredida presentó como prueba a la instrucción del caso dos toallas con restos de semen de G.M.F.
Antes de abandonar el domicilio, según la versión de Irene, el agresor cogió una cerveza de la nevera y le advirtió: “Que esto quede entre nosotros”.
Orden de alejamiento
Tras la denuncia presentada por Irene, el fiscal solicitó tres años de prisión y una orden de alejamiento para el agresor. Sin embargo, antes de comenzar el juicio oral y debido a la conformidad de la parte denunciada, el ministerio público modificó sus conclusiones y rebajó su petición de cárcel a dos años.
En una sentencia dictada el 1 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, la magistrada condenó al acusado a dos años de prisión por un delito de agresión sexual y le impuso una orden de alejamiento por la que no puede aproximarse a Irene a una distancia inferior a 500 metros durante los próximos cinco años.
Según le han comunicado las autoridades judiciales, G.M.F., con numerosos antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y condenado por sentencia firme por quebrantamiento de condena, debe ingresar en prisión en los próximos días.
Sin embargo, la víctima ha vivido durante todo este tiempo con el temor de volver a toparse con su agresor. “No entiendo que le dejaran en libertad después de declarar y reconocer los hechos, que los jueces no decretaran prisión provisional en 2009 para un caso tan claro, que se le conceda esa privilegio”, lamenta.
Irene también se muestra muy crítica con la actuación del ministerio fiscal y su modificación de las conclusiones: “A mí nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Cuando dictaron la sentencia, no podía ni firmar. Este hombre, un agresor sexual, no puede estar en la calle, le puede volver a dar un brote y hacerlo de nuevo”.
La afectada, que padece una enfermedad crónica y degenerativa, asegura haber somatizado el impacto de la agresión en complicaciones en su salud. “A raíz del suceso, me salieron unos quistes en el pecho, me he tenido que operar en la ingle y me encuentro en un estado de nerviosismo exagerado”, cuenta.
“Me lo he encontrado varias veces en el barrio. En enero, me crucé con él y entré en shock. Estuve dos días sin poder moverme”, recuerda Irene, que actualmente se encuentra de baja laboral con un trastorno ansioso-depresivo.
