El alcalde de SCTF, denunciado por posible prevaricación por omisión
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha sido denunciado este jueves ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por un presunto delito de prevaricación en comisión por omisión, al no haber llevado a cabo ninguna acción para el cumplimiento de una moción institucional, aprobada el 25 de noviembre de 2011, por la que se debería haber creado una Unidad Local de Reducción de Daños y Prevención del Sinhogarismo.
La denuncia, que firman la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, fue recogida por el fiscal Sebastián Zapata, que abrirá diligencias informativas.
En la misma se afirma que la moción para la creación de la Unidad Local fue una presentada inicialmente por el concejal de la coalición Por Tenerife, José Manuel Corrales, pero el grupo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, la asumió como propia. Lo que se pretendía era crear una unidad que actuase tanto con los sin techo como con las familias en grave riesgo de exclusión.
En esa moción se especificaba que la creación de la Unidad “estaríamos dando un paso de gigante en atención social a grupos en exclusión, superando y mejorando con creces lo hecho hasta ahora, que es intervenir asistencial y caritativamente a las personas sin hogar cuando éstas ya están en un estado muy profundo y avanzado de exclusión o enfermedad, siendo por tanto muy difícil su recuperación”.
Al cabo de casi un año, y pocos días después de celebrarse un pleno extraordinario, precisamente para abordar la mejora de la prestación de los servicios sociales municipales, no solo no se ha creado la Unidad, sino que parte de esos servicios siguen estando en manos de empresas privadas, sin que se haya dado un paso para trasvasar esas competencias al Ayuntamiento. No consideran suficiente que se haya creado una comisión de trabajo para personas sin hogar.
Tres millones de euros en empresas privadas
El servicio de catering para el comedor social del albergue municipal sigue vigente hasta 2016 por 1.523.809,52 euros, sin IGIC, mientras que otra empresa es responsable de una Unidad Municipal de Acercamiento, cuyo contrato por dos años, por otros 1.503.229,75 euros, vence este mes de octubre, sin que se haya comunicado la cesión del servicio.
En la denuncia se sostiene que “si la Moción se aprobó en noviembre de 2011, desde entonces hasta ahora el Ayuntamiento ha tenido tiempo suficiente para comunicar a la empresa que no continuaría, haciendo así efectiva la moción, procediendo a sustituir al personal de la empresa por profesionales contratados por la propia Administración Local”.
Igualmente se recalca que, pese a lo aprobado “oficialmente”, el consejero delegado del Instituto Municipal de Atención Social, Javier Gutiérrez Rubio, ha afirmado públicamente que la Unidad Local de Reducción del Daño y Prevención del Sinhogarismo no se iba a crear, sin que esto fuera negado por el responsable provisional de Asuntos Sociales, José Ángel Martín Bethencourt.
Las tres organizaciones sociales que han denunciado a José Manuel Bermúdez vinculan la muerte de varias personas en las calles de Santa Cruz a la no existencia de esa Unidad Local de Prevención, “algunas de las cuales pudieran haberse evitado”.
La denuncia se apoya en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el Código Penal y en una sentencia del Tribunal Supremo, según la cual, “cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”.
