Directivos sanitarios de hospitales canarios cobraron 1,7 millones de euros de 2019 a 2022 por guardias injustificadas

Altos cargos sanitarios de hospitales canarios cobraron 1,7 millones de euros entre 2019 y 2022 por la realización de guardias sin acreditar, de forma generalizada, las “necesidades asistenciales” que las justificaban. Así lo pone de manifiesto un informe provisional de la exinterventora general del Gobierno de Canarias, Natalia Elisa de Luis, que evidencia la falta de “control exhaustivo” del Servicio Canario de Salud (SCS) para motivar la “excepcionalidad” que concurre a la hora de autorizar dichas actuaciones por parte del personal directivo de los centros gestores de la sanidad pública de las Islas.

El documento, adelantado por Mírame Televisión y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, detalla que hasta 28 directivos sanitarios de un total de 69 realizaron guardias o módulos en 2022, cobrando por ellas cerca de 480.000 euros. Es el segundo importe más alto de los últimos cuatro años. En 2021, 33 dirigentes cobraron 554.000 euros; en 2020, 31 directivos percibieron 313.000 y, en 2019, 39 directores ingresaron 385.000. El SCS avala la realización de estas guardias “cuando las necesidades asistenciales lo aconsejen”, según una instrucción firmada en 2017, sin embargo, la exinterventora del Ejecutivo autonómico considera que se trata de una “expresión genérica e indeterminada” de la que se hace un aprovechamiento “indiscriminado, sin límites y ningún control, ni previo ni posterior”.

Del informe sobresale el caso del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, de referencia en la zona norte de la isla, cuya totalidad del personal directivo, ocho de ocho, acumuló 232.500 euros en concepto de guardias en 2022, el valor más alto registrado en todos los complejos hospitalarios del Archipiélago. El hecho de que todos los dirigentes del citado hospital cobren por guardias ocurre los cuatro años analizados por la exinterventora. Es el único centro gestor del SCS con esta característica. El sueldo mensual de un dirigente del Servicio Canario de Salud va desde los 2.700 euros que puede percibir un director de enfermería de un centro de Atención Primaria a los 4.900 euros de un gerente de hospital.

La Intervención General ha pedido el reintegro de la totalidad de los fondos cuando la guardia no fuera autorizada por la dirección del SCS (en el caso del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, no consta autorización para ninguno de los seis dirigentes que efectuaron guardias en 2022 y que ganaron cerca de 29.000 euros, recoge el texto) o contraviniera la Ley 11/1994, de ordenación sanitaria de Canarias. Este periódico solicitó su versión a la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

No es la primera vez que la Intervención General de la Comunidad Autónoma alerta sobre este asunto. El informe de este año hace un análisis de las recomendaciones esbozadas en ejercicios anteriores. En 2019, el órgano que tiene encomendadas funciones de dirección y gestión de la contabilidad pública de las Islas aconsejó, entre otras cosas, un “control exhaustivo de la excepcionalidad que concurre a la hora de autorizar la realización de guardias por parte del personal directivo”, pues ya había detectado el curso anterior un “uso no conforme” de la excepcionalidad prevista para ello.

El empleo “desvirtuado” que se ha hecho de la realización de guardias por parte del personal directivo de los centros gestores de la sanidad canaria radica, recalca la exinterventora, en dos cuestiones: un “evidente solapamiento” de la actividad declarada como funciones directivas, las que tienen que ver con reuniones o encuentros con sindicatos, por ejemplo, explican fuentes oficiosas, y que es retribuida aparte, con cuantías máximas anuales que pueden alcanzar los 16.000 euros, y la certificada como jornada complementaria, las guardias propiamente dichas, lo que “en determinados supuestos” permite al personal directivo cobrar por “dos conceptos incompatibles”.

El segundo elemento que ha provocado esta distorsión es la transformación en “una situación ordinaria, cotidiana y prácticamente diaria en algún supuesto específico” lo que, en principio, debería ser excepcional, “de tal manera que la jornada laboral ordinaria es seguida del ejercicio efectivo de actividad y funciones directivas fuera de la misma, y, a continuación, se prestan servicios de carácter asistencial en régimen de jornada complementaria (guardia)”, concluye el documento. Esta exposición de hechos, descrita en el informe de control financiero de 2018, es recogida de nuevo por la Intervención General, que ya entonces pidió regular dicho asunto. No obstante, el texto añade que la dirección del SCS no ha proporcionado los datos ni la información requerida sobre si ha habido avances en la materia, una constante a lo largo de todo el documento, de más de 120 páginas, en el que se critica la “ausencia de apoyo, auxilio y colaboración” por parte del Servicio Canario de Salud para su elaboración.

Así, el escrito de este año viene a “confirmar” la “omisión genérica” de controles en este sentido, salvo en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma. En líneas generales “no queda acreditado (…) qué necesidades asistenciales concurren a priori para que se autorice con carácter anual la realización de guardias [por parte de directivos del SCS]”. De hecho, el informe señala que tan solo cuatro de los 28 dirigentes que realizaron dichas jornadas complementarias en 2022 contaron con autorización antes de la ejecución de las mismas. Para la exinterventora está “perpetuándose el uso de la excepcionalidad prevista en una actividad ordinaria y, en determinados centros gestores, afectando, o beneficiando, a la totalidad del personal directivo”.

Conviene recordar que al menos dos de los cuatro años que componen el informe de la Intervención General, 2020 y 2021, estuvieron marcados por la crisis sanitaria de la COVID-19, que colapsó durante la mayor parte del tiempo de ambos cursos los servicios asistenciales de Canarias, mermados históricamente por una escasez de personal. Los residentes de las Islas son quienes más esperan por una operación en la sanidad pública, con 153 días de media, según datos del Ministerio de Sanidad. Y el Archipiélago, también, protagoniza el valor más alto en España de tiempo medio de espera para ser atendido por un especialista, 123 días.

Por otro lado, el informe de la Intervención General detecta más pagos en 2022 a personal directivo de los complejos sanitarios de las Islas que, en este caso, remarca que sí son “contrarios a Derecho”. Se trata de la participación de algunos de ellos en los denominados “programas especiales” de la sanidad canaria, esto es, planes de reducción de listas de espera de consultas (PERLE), de programa quirúrgico (PQ) y de carácter excepcional (PECE). Cinco dirigentes participaron en el primero de los programas mencionados, tres en el segundo y cuatro en el tercero. Por ello se embolsaron en torno a 95.000 euros. La exinterventora alude a una instrucción del SCS del año 2022 para recordar que altos cargos de los hospitales canarios no pueden participar en este tipo de proyectos. Ha pedido de nuevo el reintegro de lo abonado.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias lleva muchos años exigiendo la redacción de una norma que regule las retribuciones del personal del Servicio Canario de Salud, pues hasta el momento esta se fija a partir de instrucciones dictadas anualmente. De acuerdo con el informe, esto causa “inseguridad jurídica” porque, según ha constatado el órgano, una “consecuencia de la aplicación de las propias instrucciones” es “el incumplimiento en términos estrictos de las mismas (…)”, ya que “son múltiples y generalizadas las deficiencias que se observan en los expedientes”.