Asuntos Sociales destina 107 millones en 2007 a la atención a las personas dependientes
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias invertirá en el año 2007 más de 107 millones de euros en políticas de atención a las personas dependientes, a través de los planes de atención sociosanitaria a personas mayores y a personas con discapacidad, en el marco de lo que será el futuro Plan Canario de la Dependencia.
Según Marisa Zamora, consejera de Asuntos Sociales, “el Gobierno ha venido trabajando durante los últimos años en materia de dependencia consolidando un modelo que en el año 2007 se potenciará con un incremento presupuestario del un 45%, con lo que, entre otras medidas se crearán 1.387 nuevas plazas residenciales para personas dependientes”.
“Para adaptarnos a la ley- explicó la consejera- hemos modificado el Plan de atención a las personas mayores y el Plan de atención a la dependencia, en coordinación y colaboración con los Cabildos Insulares, que en Canarias, es la institución que tiene transferidas los servicios sociales especializados”.
“En este sentido, - continuó Zamora- se han incrementado las plazas de medio y alto requerimiento para las personas mayores y se ha realizado un corte evaluativo del Plan de Atención a la Discapacidad, en el que entre otras acciones se han aumentado las plazas denominadas de necesidad de tercera personas para poder cumplir con la atención a las personas grandes dependientes”.
En el marco del Plan de Atención a la Dependencia se incorporan también créditos por 3.294.432 euros para potenciar la cartera de servicios con la contratación de monitores para los centros de estancia diurna en los sectores retraso mental y salud mental.
En todo caso la ley de Dependencia que entró en vigor el pasado 1 de enero irá aplicándose gradualmente. El primer año se reconocerá el derecho a las personas dependientes de grado III o sea a los denominados grandes dependientes que son aquellos que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, o que por su pérdida total de autonomía mental o física, necesitan el apoyo indispensable o continuo de otra persona.
Para determinar el grado de dependencia es indispensable el reconocimiento y la valoración según un baremo que se establecerá por vía reglamentaria. Para ello el Estado deberá crear el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, como elemento de colaboración para la articulación de la ley, que será también el encargado de desarrollar la ley.
Según Zamora “una vez establecidos estos mecanismos por parte del Estado los beneficiarios tendrán derecho a una serie de servicios en virtud de un catálogo de prestaciones que van desde los servicios de prevención de las situaciones de dependencia; servicios de teleasistencia; ayuda a domicilio; centros de día y de noche y servicios de atención residencial ”.
En caso de que no se disponga de la oferta pública de servicios que requiera el beneficiario en función de su grado y nivel de dependencia, se procederá al reconocimiento de una prestación económica vinculada para que la persona pueda adquirir el servicio en el mercado privado.
La prestación económica de carácter personal podrá recibirse cuando el beneficiario cumpla determinados requisitos, y estará, en todo caso, vinculada a la prestación de un servicio.
La cuantía de la prestación económica estará en relación con el grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. Siempre que se den las circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para ello, y de modo excepcional, el beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar, y su cuidador recibirá una compensación económica por ello.
Por tanto, el cuidador familiar deberá estar dado de alta en la Seguridad Social. El apoyo a cuidadores conlleva programas de información, formación, y periodos de descanso para los cuidadores no profesionales, encargados de la atención de las personas en situación de dependencia.
