Canarias, entre las tres comunidades que ''más desprecia'' su litoral

Más de la mitad de los espacios naturales protegidos de la costa española están amenazados, según denunció este martes Greenpeace, que señala a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias como las tres autonomías que “más desprecio” muestran hacia esos espacios. Precisamente, en Canarias la organización ecologista pone como ejemplo de “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural” al proyecto de puerto industrial en Granadilla.

A pesar de tener más de 600 kilómetros de costa protegida, las administraciones canarias no se preocupan de que esta protección sea real. Los argumentos de supuesta sostenibilidad en la gestión de los espacios naturales protegidos, en boca del Gobierno de Canarias, no se corresponden con la realidad. Buena prueba de ello es que la Comisión Europea está a punto de abrir un expediente de sanción a España por no precisar qué medidas de gestión tienen los espacios protegidos de la Red Natura 2000 de las Islas Canarias.

Uno de los muchos ejemplos del descrédito de la política ambiental canaria es, según apunta Greenpeace, el caso de la planta submarina sebadal que, a pesar de que su protección se ha reforzado en convenios de protección internacional, ha sido excluida “a la carta” del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias para permitir la construcción del puerto industrial de Granadilla en Tenerife.

Ejemplos de amenazas directas a estos espacios protegidos van desde las consecuencias que la obra para la construcción del macropuerto industrial de Granadilla tendrá en el espacio natural protegido de los Sebadales del Sur de Tenerife hasta el proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado junto con la ampliación del puerto de Arinaga que afectará al espacio natural protegido de la Playa del Cabrón y Punta de la Sal.

La paralización de expedientes de expropiación de hoteles ilegales, como el Riverostar Papagayo -en Lanzarote-, por parte de la Dirección General de Costas no refuerzan los argumentos de simbiosis entre hombre y naturaleza que desde la UNESCO se apuntan para la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. En este sentido, los ecologistas recuerdan que el hotel Papagayo se encuentra a unas decenas de metros del espacio natural protegido de Los Ajaches y además privatiza una playa pública.

Con todo, Greenpeace alerta sobre los proyectos de 24.500 camas hoteleras, diez puertos, seis campos de golf, un centro comercial y un polígono industrial sobre supuestos espacios naturales protegidos de la costa canaria. [Vea el cuadro elaborado por Greenpeace]

Estos son algunos datos incluidos en la la novena edición del informe anual Destrucción a toda costa, hecho público este martes por Greenpeace, en el que por primera vez se ha analizado el estado de 233 espacios litorales amparados por alguna figura de protección nacional o internacional, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de costa.

Más de la mitad de ellos, en concreto 120, sufren algún tipo de amenaza por proyectos urbanísticos, de infraestructuras o contaminación, según ha señalado la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Los ecologistas han denunciado el desarrollo inmobiliario “depredador”, calificado por el Banco de España como “economía suicida”, y han recordado que España es el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos “por maltrato a su medio ambiente”.

Corrupción urbanística

La corrupción urbanística sigue siendo una constante y Greenpeace ha detectado 478 casos, con 625 imputados, de los que más de la mitad son cargos públicos -alcaldes, concejales o arquitectos municipales-.

Marcos ha destacado que existen más de 562.000 viviendas y 51 puertos (nuevos o ampliaciones de los existentes) proyectados en espacios protegidos de la costa o sus alrededores.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha resaltado que un 70% del millón de viviendas vacías que hay en España están en el litoral y la mitad de ellas en la costa mediterránea.

Ha asegurado que la costa “se ha convertido en un cementerio de ladrillo” y ha denunciado un proceso de desmantelamiento de la legislación de protección del litoral, por lo que “la situación no va a mejorar, sino a empeorar”.

Comunidades

Uralde ha precisado que el informe no pretende establecer un ránking de comunidades, aunque ha reconocido que “hay algunas especialmente emblemáticas por lo poco que cuidan su litoral”, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Canarias, aunque otras “no lo cuidan mejor”.

Precisamente la Comunidad Valenciana es la primera en número de espacios protegidos amenazados (21) y también la primera en casos de corrupción, según ha señalado Marcos, que ha asegurado que es la comunidad con más kilómetros de superficie artificial (cemento) en los 100 primeros metros de costa.

Andalucía tiene 18 espacios amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el hotel El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Uralde ha puesto esta construcción “una vez más de ejemplo” de la falta de voluntad del Gobierno, al que ha acusado de seguir el juego al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y a la promotora con su “pasividad y desidia”.

En Canarias, la amenaza se cierne sobre 14 espacios protegidos y el informe sitúa en esta comunidad “uno de los más graves ejemplos del atropello de un espacio natural”, el proyecto de puerto industrial de Granadilla (Tenerife).

Galicia cuenta con 17 espacios amenazados; Baleares 14; Cataluña y País Vasco 8; Asturias y Murcia 7; Cantabria 4 y Ceuta y Melilla, uno cada una de ellas.

Marcos ha subrayado que Murcia es uno de los peores ejemplos de acoso a la costa virgen y “tiene el deshonroso honor” de haber reformado la ley para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.

Greenpeace considera que en la protección del litoral no valen “rebajas ni excusas” y cree que los chiringuitos ubicados en playas urbanas “no son el problema más grave de la costa”.

Pide un refuerzo de la Ley de Costas, un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, continuar con la compra de terrenos y la demolición de construcciones ilegales y acabar con los vertidos industriales y urbanos.

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