Canarias, tras la COVID-19: empeoran la siniestralidad y los problemas de salud laboral, física y mental

La recuperación de la actividad económica ha llevado aparejado un empeoramiento de la siniestralidad laboral y de los problemas de salud laboral, física y, sobre todo, mental, en gran medida como efecto en la pandemia de COVID-19. Este es el diagnóstico de los sindicatos UGT, CCOO y USO Canarias en vísperas del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebrará el 28 de abril y en el que las centrales demandarán cambios normativos para ampliar el abanico de enfermedades laborales y reivindicarán la figura de los delegados de prevención.

Los datos dicen que en Canarias repuntaron el año pasado los accidentes laborales un 9,62%: hubo 42.400 siniestros, de los cuales 14 tuvieron resultado mortal y 160 fueron graves o muy graves; 2.377 de estos accidentes fueron in itinere y 18.271 dieron lugar una baja.

El sector servicios es el que mayor siniestralidad registró, seguido por el de la construcción, industria y ganadería y pesca.

El 75% de estos accidentes se concentraron entre trabajadores temporales.

La radiografía de la sinestralidad y de las enfermedades laborales en Canarias es la de migrantes, mujeres y trabajadores temporales, según ha expuesto este lunes Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de CCOO Canarias.

El panorama empeora en 2022, pues en los dos primeros meses se incrementó la siniestralidad un 16,3%.

Marrero ha indicado que en los años posteriores a la entrada en vigor de la ley de prevención de riesgos laborales hubo “una bajada importante” de siniestros pero desde hace una década ha habido “un estancamiento” de las cifras, excepción hecha de 2020, que disminuyó un 33,3% por la pandemia.

Salud mental y teletrabajo

La otra cara de ese parón de la actividad productiva han sido los problemas de salud mental, que se trasladan al ámbito laboral.

Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, ha puesto el acento en el teletrabajo, al que ha asociado con un incremento de problemas psicológicos por el aislamiento, así como ergonómicos y un descontrol horario, y por eso ha abogado por una mayor regulación.

Ha hablado Navarro de “un grave problema de salud mental” y por eso ha pedido a las empresas que refuercen las labores de prevención.

En la misma línea, Gonzalo Álvarez, secretario de Salud Laboral de USO Canarias, ha reclamado una evaluación de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral y revisar el decreto de enfermedades laborales para, por ejemplo, incluir los efectos de la COVID persistente, en estos momentos “en un limbo”.

Los sindicatos han denunciado un empeoramiento de la infradeclaración de enfermedades profesionales: en Canarias se cerraron 183 partes en 2021, lo que retrotrae a niveles de notificación de 2015.

De 300.000 contagios por COVID, de los cuales 16.000 entre sanitarios, apenas se declararon 56 accidentes. Y en toda la serie histórica solo se han declarado tres casos de cáncer en Canarias derivados de la actividad laboral.

Adicionalmente, Carmen Marrero ha reivindicado un fondo de compensación para los afectados por el amianto, material potencialmente cancerígeno con una alta presencia en las construcciones en Canarias.