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Sanidad insiste en que el riesgo de COVID-19 en las Islas son las fiestas clandestinas, no la migración

Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Canarias Ahora / Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

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El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado que, desde el punto de vista epidemiológico, las islas no tienen riesgo de infección por coronavirus debido a los inmigrantes que llegan en patera, pues están controlados “desde el primer momento”. Lo que preocupa a su Consejería son las fiestas clandestinas, donde algunos “juegan con la vida del resto de los canarios, la economía y la pervivencia de la sociedad”.

Para atajar la situación, Trujillo ha anunciado que, a partir de este fin de semana, aumentará la vigilancia policial y se perseguirán todos los incumplimientos de la normativa en la lucha contra la COVID-19, especialmente las fiestas clandestinas.

Para ello, se agilizará el régimen sancionador con “una normativa más rápida, precisa y dura”, con “la coordinación, apoyo y puesta a disposición de todos los cuerpos policiales en la vía pública y calles y en las fiestas clandestinas”, ha dicho Trujillo.

Así, este fin de semana se “movilizarán todas las fuerzas policiales, a todos los niveles”, y serán “tremendamente perseverantes” en la persecución de los incumplimientos.

En las islas la situación “es mejor que en el resto del Estado”, pero preocupan los incumplimientos, que “en cualquier momento pueden producir una situación similar a la que se han dado en otras regiones en España”, con resultados “catastróficos”.  

Estos incumplimientos “son de índole superior incluso a los que están provocando el confinamiento en otras zonas del Estado”, ha subrayado Trujillo.

Con un nuevo confinamiento, “Canarias estaría perdida”, ha insistido, porque es una sociedad que “necesariamente se tiene que abrir para poder vivir, en aeropuertos y puertos, porque vivimos de ello”, y “no puede ser que un grupo de ciudadanos de manera inconsciente pongan en riesgo la salud de todos y la supervivencia económica del resto de la sociedad”.

La campaña de vigilancia comenzó la semana pasada pero “hay que intensificar y multiplicar todo el esfuerzo en sancionar los incumplimientos”, ha destacado.

De entrada “cada participante de una fiesta clandestina tiene asignada una sanción mínima 100 euros, que puede ir a más según el grado de incumplimiento”, porque el objetivo es “establecer un régimen sancionador mucho más duro”. Este régimen será especialmente estricto con los organizadores de esos eventos, ha advertido.

El cumplimiento de las medidas debe “estar presente incluso en las fiestas en propiedades privadas”, ha detallado, en lo relativo al baile, distancia social, aforo y uso de mascarilla y desinfectantes.

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