El caso de la Casa Cuna podría acabar en una Corte Penal Internacional

El caso de la Casa Cuna de Tenerife podría acabar en un Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Es lo que sostiene la abogada Natalia Domínguez Castilla, quien representa a dos de los denunciantes de los abusos sexuales continuados que presuntamente cometió durante cerca de tres décadas un cuidador del centro, Julio Carrillo González.

A raíz de dar a conocer estos abusos, en junio del pasado año, decenas de ex internos acudieron al despacho de la letrada para contarle su experiencia particular de una infancia y adolescencia marcada por malos tratos constantes. “Estamos hablando de una línea continua de castigos comunes, como obligar a comerse los propios vómitos, levantar a un menor de madrugada, sacarlo a una azotea y darle a manguerazos una ducha de agua fría, hablamos de cicatrices físicas que no se han difuminado con los años y de secuelas psíquicas que persisten en el tiempo. Y a eso se le llama tortura, con las agravantes de abuso de superioridad y de habitualidad”, afirma Domínguez Castilla a CANARIAS AHORA.

En resumen, “hablamos de presuntos delitos de desapariciones forzadas, secuestros, torturas, esclavitud y violaciones. Eso se encuadra dentro de crímenes contra la humanidad. Si son crímenes contra la humanidad, los delitos son imprescriptibles. Esa es la llave, a mí entender, por la que se podría hacer justicia a toda esta gente, mediante la exigencia de una responsabilidad patrimonial a la Administración Pública. El Cabildo era el tutor de esos niños y niñas”.

Niños como mano de obra

La abogada está convencida, y en ello trabaja, de que los casos de maltrato que le han relatado decenas de víctimas se encuadran perfectamente en los supuestos que recoge el Estatuto de Roma de 1998 que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional.

“Los testimonios a los que me refiero fueron sometidos a pruebas periciales de veracidad por parte de dos psicólogas forenses, proporcionadas por la Asociación de Víctimas de la Corrupción Infantil (Avicsin). Se han descartado muchos testimonios por dudosos, pero hay decenas que son reales”.

Entre las desapariciones forzadas a las que se refiere Natalia Domínguez Castilla está el caso de Liberia Hernández, una tinerfeña que a los ocho años fue llevada sin el consentimiento de su madre biológica a Alcoy para pasar a formar parte de una familia que la convirtió en su esclava. Tuvieron que pasar cerca de tres décadas para que esa madre volviera a tener noticias de su hija.

No es el único caso de desaparición forzosa. “Se llegaron a vender niños como mano de obra para fábricas”, sostiene la abogada. Tiene pruebas de ello.

Memoria viva

Las pruebas periciales también revelan que muchas de las víctimas aún padecen secuelas de sus vivencias en la Casa Cuna, “lo que, jurídicamente, es un dato importantísimo, porque si las secuelas todavía se padecen, la exigencia de responsabilidad patrimonial tampoco ha prescrito. Más que Memoria Histórica estamos ante memoria viva”, resalta.

Entre esas secuelas destacan, como comunes, las crisis de ansiedad que en algunos casos han derivado en trastornos psicóticos, trastornos paranoides, trastornos antisociales de la personalidad y depresiones graves. “Insisto, todo ello son síntomas de haber sufrido tortura”.

El caso de la Casa Cuna, por tanto, parece que lejos de acabarse acaba de comenzar. “Es grave generalizar. Hay puntos comunes, pero cada caso debe ser tratado individualmente. La Administración sostiene que la mayoría de los delitos han prescrito, pero no es así si el plazo, de acuerdo con la ley, comienza a contar desde que se tiene conocimiento del daño, es decir, una vez que se cuenta con las valoraciones forenses”.

Por todo ello, Domínguez Castilla anima a todos los afectados o creen que han podido serlo, a constituirse en una asociación, como han hecho los familiares de niños robados aglutinados en Anadir. “De esa forma, se les puede facilitar asistencia letrada y unir esfuerzos. Esa asociación debería de partir de las propias víctimas, pero no podemos olvidarnos de que el trasvase de bebés y criaturas de pocos años también se hacía de Canarias a la Península, por lo que, además de las torturas, puede haber relación con la trama de niños robados en Madrid, País Vasco, Andalucía?”

El Cabildo no ayuda

La abogada insiste en que la mayoría de las víctimas a las que ha entrevistado ante todo buscan saber quiénes son, buscan su propia identidad, no la que les impusieron. A estas alturas, las partidas de nacimiento con que cuentan son dudosas. Liberia Hernández, sin ir más lejos, cuando quiso recuperar su verdadero nombre y apellidos se encontró con que tenía tres partidas de nacimiento diferentes.

Los afectados que han preguntado por sus expedientes en el Negociado del Cabildo tinerfeño se han topado con un muro. Parece que los acontecimientos han borrado cualquier rastro escrito, cualquier documento legal, de los años que pasaron en la Casa Cuna.

“No reciben explicaciones por escrito, sino solo respuestas verbales como que los archivos se perdieron con la riada de 2001, o que no figuran, o simplemente no hay respuesta”.

“Lo más triste es que algunas autoridades se han tomado este caso como un enfrentamiento. No es así. Aquí no hay nadie contra nadie, no se culpa a nadie de lo que ocurrió hace treinta años, pero eso no significa que no se tenga derecho a la verdad. Y lo que no me parece correcto”, prosigue Domínguez Castilla, “es que se nos diga que ese maltrato era lo normal, la costumbre de aquellos años. No, no era normal por mucho que algunos se acostumbraran a verlo.