CC ignora las voces que alertan de la fuga de trabajadores públicos a la sanidad privada con los nuevos conciertos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Coalición Canaria (CC), ha respondido a las alegaciones formuladas contra el nuevo sistema de elaboración de presupuestos de los convenios y conciertos suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) con hospitales y clínicas privadas. El departamento liderado por Esther Monzón recibió cerca de 20 reclamaciones en los siete días hábiles en plenas fechas navideñas (entre el 20 de diciembre de 2023 y el 9 de enero de 2024) que dio como trámite de audiencia. La mayoría de esas contestaciones son protagonizadas por entidades privadas que exigen más dinero para atender las derivaciones. Pero hay otras voces que alertan de la fuga de trabajadores públicos a la sanidad privada o que sugieren que el aumento del gasto estimado en este sentido vaya a parar a las arcas públicas. Ambas apreciaciones fueron ignoradas por el SCS en un informe que recoge las respuestas a las alegaciones presentadas.

Para poner contexto, el SCS ha justificado en el “imprevisible e inesperado” aumento de los costes de los materiales y de la energía, que cifra “desde mediados de 2021” por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, para incrementar ahora, a principios de 2024, las tarifas máximas que sirven de base para estimar el presupuesto real de los conciertos con los centros sanitarios privados. El Gobierno canario calcula que el desembolso anual en este ámbito asciende a 128,82 millones de euros; con la nueva orden, aún por aprobar, ese valor ascendería hasta los 138,77 millones. La subida sería de casi 10 millones.  

El escrito del Servicio Canario de Salud que aglutina las alegaciones ante los nuevos precios de las derivaciones recoge la reclamación de un particular, J.M.M., quien recuerda que “hay procedimientos que actualmente no se hacen en la concertada porque no hay nadie dispuesto a hacerlos a los precios actuales”, pero que “sí los harían” con los planteados en el nuevo sistema de CC. Eso tiene dos consecuencias: “efecto llamada” a profesionales del servicio público hacia la actividad privada y “mayor impacto económico”. Es decir, el gasto en conciertos no sería de 138,77 millones de euros, sino de muchos más por el aumento de consultas y procedimientos quirúrgicos.

Sanidad ha ignorado dicha crítica y se ha limitado a contestar que “la previsión de impacto económico” se tomó teniendo en cuenta la actividad reportada durante el año 2023.

El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, por su parte, incide en este punto y advierte que el aumento presupuestario proyectado “no tiene en cuenta el previsible incremento de la actividad”, así como “la inercia propia del sistema por envejecimiento, cronicidad y otros factores sociales”. El Colegio ha pedido que la sanidad pública canaria “aproveche al máximo sus recursos” y que esta, “por sí misma”, dé respuesta “a la mayor casuística posible”.

El SCS ha respondido que “los factores indicados en la alegación”, los que alertan del mayor número de cuidados (y, por consiguiente, derivaciones) por el envejecimiento de la población, “se tienen en cuenta en la determinación del gasto máximo estimado de los conciertos a licitar”.

Por otro lado, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias ha propuesto destinar “el aumento planteado”, estimado en 10 millones de euros, a reforzar los recursos humanos y técnicos de la sanidad pública “entendiendo que no es concebible que se invierta más en la concertación que en los recursos propios”. Los técnicos defienden, además, que los costes en este ámbito podrían reducirse gracias a la “fisioterapia temprana, proponiendo que se adopte una batería de medidas ya presentadas con anterioridad”. Sanidad ha hecho caso omiso de ello.

El departamento dirigido por Esther Monzón ha reconocido que, “de manera generalizada”, las reclamaciones contra el nuevo sistema de tarifación de los conciertos aluden al “escaso plazo concedido para su formulación”, acentuada al “haberse producido a su publicación durante el periodo navideño”. La Consejería, sin embargo, ha defendido que la asistencia sanitaria en los centros privados “no puede dejar de prestarse”. De ahí que optara por “dar prioridad y urgencia” al trámite, a pesar de que es “desde mediados de 2021” cuando comenzaron a dispararse los costes del servicio y desde entonces los centros asistenciales “vienen exigiendo precios actualizados para aceptar derivaciones”.

Intersindical Canaria ha advertido que aumentar el gasto en conciertos privados “constituye en sí mismo un gravísimo proceder que dispara el riesgo de fracasos asistenciales y despoja a los usuarios del derecho fundamental a la salud”. El sindicato ha recordado que la sanidad pública canaria se encuentra en un escenario de “permanente bloqueo, grave saturación” y falta de camas y especialistas, entre otras cosas, que la sitúan entre las peor valoradas del país.

“Ante las perversas inclinaciones economicistas de este Gobierno [de Coalición Canaria y Partido Popular]”, alerta la organización en un comunicado, las entidades privadas “ven incrementarse las inyecciones de dinero público para así seleccionar a los pacientes y procesos con menor riesgo de complicaciones y más rentables”.