CC rechaza la construcción de más centros de extranjeros en Canarias
El presidente de CC, José Torres Stinga rechazó este lunes la construcción de más centros de internamiento de extranjeros en Canarias, como el autorizado el viernes por el Consejo de Ministros en Lanzarote, e instó al PSC a que evite que ese acuerdo se lleve a cabo.
El presidente de CC dijo en una rueda de prensa posterior a la reunión del comité permanente nacional del partido que en 2002 la comisión bilateral Canarias-Estado constituida para analizar las repercusiones del fenómeno de la inmigración en las Islas acordó que no se construirían en el Archipiélago más centros de este tipo “si se superaba la cifra de los 1.500”, una capacidad que tiene sólo el de Fuerteventura.
Agregó que todas las instituciones de Lanzarote “sin excepción” rechazan el centro cuya construcción ha autorizado el Consejo de Ministros en el municipio de San Bartolomé, en un lugar que definió como “un polvorín que en un momento se cedió al Ministerio de Defensa y que se entiende que se debe revertir a la ciudadanía”.
Torres Stinga instó al Gobierno español a que sea “solidario” con Canarias y que cumpla el acuerdo de 2002 y agregó que la solución alternativa a la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros en las Islas ha de ser la derivación a otras comunidades autónomas españolas.
El presidente de CC aludió a la intención del PSC de que el Ministerio del Interior negocie con las autoridades insulares una mejor ubicación para este centro y consideró que la decisión del Consejo de Ministros responde a la “improvisación” y los “impulsos” con los que actúa el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes la construcción de un Centro de Internamiento de Extranjeros en San Bartolomé (Lanzarote) que se levantará sobre los terrenos del antiguo Polvorín adscritos al Ministerio de Defensa.
El Ministerio del Interior había declarado el “excepcional interés público y la urgencia” en la ejecución de este proyecto para dar cumplimiento a las previsiones de la legislación de extranjería.
Con este edificio, el Gobierno español pretende garantizar a las personas que lo ocupen un lugar adecuado para el internamiento, superando así las situaciones de provisionalidad con que a veces ha tenido que afrontar la inmigración irregular que llega a las Islas Canarias, según afirmaba la referencia del Consejo de Ministros difundida el viernes.
