La cementera se declara “atónita” frente al Gobierno canario y reafirma sus derechos sobre el puerto de Santa Águeda

El coordinador general de la cementera Ceisa, Claudio Piernavieja, se ha confesado “atónito” ante el anuncio del Gobierno de Canarias de que no se les renovará la concesión que les permite explotar el puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria, porque aseguran que tienen derecho a operar y que les ampara el procedimiento reglado y un expediente “muy armado”.

Piernavieja sostiene que la concesión minera para la explotación de la cantera de puzolana de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) tiene vigencia hasta 2046, prorrogable 30 años más, y que esa concesión minera está vinculada a la del puerto.

“Por lo tanto, no hay duda y estamos convencidos de que la ley nos ampara”, ha alegado.

Tal y como ha expresado en una rueda de prensa ofrecida en la fábrica, las declaraciones hablan de “ocupar este espacio pero no sabemos si se trata de una okupación”, porque “tenemos derecho a seguir operando en el puerto industrial de Santa Águeda”.

El consejero de Obras Públicas de la comunidad, Pablo Rodríguez, anunció hace unas semanas que el organismo autonómico Puertos de Canarias no se renovará la concesión que permite a Ceisa explotar el puerto de Santa Águeda, que ya está vencida, porque se da a dar a ese muelle el uso turístico y deportivo que le reserva desde hace años el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.

Sin embargo, el representante de la empresa cementera defiende que expediente con su postura está “muy bien armado” con informes de varias administraciones que son posteriores al Plan Insular de Ordenación y está “listo para otorgarse”.

Aunque la concesión portuaria venció el 28 de octubre de 2022, la concesión minera de la cantera de puzolana está vigente hasta 2046, con posibilidad de prórroga hasta 2076, ha añadido Piernavieja, que recuerda que cuentan con sentencias a favor de su posición.

De acuerdo al artículo 66.3 de la Ley de Costas, ha detallado este directivo de Ceisa, “cuando haya diferencia entre las concesiones, el titular de la concesión portuaria tiene derecho a que se iguale el plazo” de una y otra, en este caso de la portuaria y la minera, en lo que subraya “es un procedimiento reglado”.

Esto supone que “no es discrecional, es un derecho y eso nos permite una nueva concesión en el espacio de Santa Águeda, que no está sujeto a valoraciones”, en una “decisión amparada en la existencia de un vínculo entre ambas concesiones” y que “ha quedado plenamente demostrada”.

De acuerdo a la cronología y tal y como ha puntualizado a los medios, el 23 marzo de 2021 se realizó la solicitud de la nueva concesión portuaria ante Puertos Canarios, “con plazo y margen para resolver con tranquilidad antes de vencimiento”.

Fue el 24 de mayo de 2021 cuando se publica en el BOC la creación de la comisión Santa Águeda que integran tres consejerías del Gobierno canario y se comienzan a analizar el expedientes y a solicitar informes para “nutrir a la comisión y tomar la decisión”.

Tras este periodo, se señala que “visto el expediente administrativo y la petición de Ceisa se establece otra resolución para la ampliación de la nueva concesión con base a la existencia de una concesión minera”, lo cual se “reconoce el vínculo”, aduce el portavoz de la empresa.

De acuerdo a la información legal, se resuelve iniciar el trámite administrativo de apertura del expediente de otorgamiento de nuevo título concesional con base en lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley de Costas y la empresa “puede seguir trabajando hasta que no se resuelva el procedimiento”, manteniendo “los derechos y obligaciones de la entidad Ceisa de gestión y explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones”, como versa el documento.

De acuerdo a esta documentación, ha dicho, “el expediente está finalizado y la concesión lista para ser otorgada a Ceisa”, por lo que “no se entiende” qué va a ocurrir, porque “está muy bien armado” y deshacerlo “sería algo muy serio y muy grave”.

Llegado el caso, que Piernavieja ve “poco probable”, de que se sustente el cambio de uso del puerto, Ceisa adoptaría todas las medidas jurídicas, no para defender sus intereses empresariales sino sus derechos, hasta la última instancia judicial“.

Tal y como ha apuntado, los informes de varias administraciones solicitados en el marco de este expediente “se hicieron con el PIO (de Gran Canaria) sobre la mesa”, por lo que esa “disculpa” que se ha puesto “no vale” y, de ser válida, ha recordado, “se trataría de una recomendación a futuro y no vinculante”, ha argumentado.

Aún así, aunque se proceda a un cambio de uso en el suelo del puerto, “el único acceso es a través de terreno escriturado a nombre de Ceisa, que tiene en propiedad 100.000 metros cuadrados de suelo propio”.

Además, el puerto es “uno de los tres pilares de la fábrica” y supondría un “atentado medioambiental” porque “tiene una logística idónea” y, de lo contrario, se necesitaría el traslado de su producción y materia prima por carretera, con unos “100 camiones al día por la GC-1 y una emisión de 3.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al año”.

Critica que no haya habido una comunicación previa con ellos, ya que las declaraciones “han caído como una losa” en la empresa y sus trabajadores, creando “gran nerviosismo e incertidumbre”.

Como ha recordado, este grupo genera “150 empleos directos y 450 indirectos, por lo que 600 familias viven de esto”.

Ha opinado además que el puerto de Santa Águeda es “industrial por naturaleza” y en esta zona de la costa de Arguineguín “conviven varios sectores económicos que aportan riqueza al pueblo”, como es el turismo, la agricultura y la industria“ y ”no hay problema de convivencia“.

Los residentes del pueblo, ha dicho, “temen que esto se convierta en Pasito Blanco 2”.

Ahora “la pelota está en el tejado de Puertos Canarios, y no podemos hacer nada más por nuestro lado”.