Los centros de menores inmigrantes incumplen la legislación autonómica
Según estos educadores, se trata de centros como el de Arinaga y uno situado en Arucas. Son dispositivos de emergencia de asistencia a menores inmigrantes. Fueron creados por el Gobierno de Canarias ante la llegada masiva de menores a las Islas para atenderlos.
Sin embargo, “no ofrecen buenas condiciones de habitabilidad. Aquí los chicos están apelotonados”. Aseguran que existen muchas denuncias de vecinos por diversos problemas relacionados con los menores o con el propio centro, como sucede en Arucas. “Los únicos que están controlados son los CAME (Centro de Atención de Menores Inmigrantes), ya que se trata de pisos de acogida y aquí los menores ya están asentados como si fueran canarios y se alojan de acuerdo a la capacidad de la vivienda”.
Estas fuentes exponen que la gestión de estos centros no ha salido a concurso público, “sino que fue otorgada a dedo y son entidades privadas las que la llevan”. Toda la información respecto a los menores y al estado de los centros la tramitan estas entidades, por lo que las personas ajenas a ellas desconocen en qué condiciones están, sostienen las mismas fuentes.
Estas entidades son las encargadas de trasladar a los menores a Madrid para aclarar su situación o repatriarlos, pero “ante la negativa del Gobierno central de acogerlos y debido a que la ocupación era insostenible, el Gobierno de Canarias tuvo que crear un centro en la capital de España, que además depende de él, para trasladar a menores inmigrantes hasta que se resuelva su situación. Aquí ya no se puede más”.
Con respecto al informe publicado hace poco por Human Rights, los educadores confiesan que no les extrañan los resultados: “estos macrocentros, que no cuentan con las instalaciones fundamentales de este tipo de recintos, fueron montados como dispositivos de emergencia por el Gobierno de Canarias y ahora se ven en la tesitura de que hay menores que viven de manera permanente porque no se hace nada con ellos y tampoco cuentan con todo el personal cualificado y necesario”.
“Lo primero que se debería hacer es que estos centros cumplan con las leyes vigentes, porque si la ley dice por ejemplo que la capacidad es de 20 plazas, no puede haber 200 chicos. Y si las competencias en materia de hogares, que se estableció en el año 97, están a cargo de los cabildos, no entendemos por qué el Gobierno ha vuelto a montar centros por su propia cuenta incumpliendo toda la legislación autonómica”, explican los trabajadores.
