Chorizos de Teror para denunciar la “incompetencia mejor pagada” de la que disfruta el secretario general de Prisiones
Acaip ha repartido este jueves chorizos de Teror ante la Delegación del Gobierno en Canarias para denunciar la “incompetencia mejor pagada” de la que disfruta, a su juicio, el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, al que culpa de la “caótica y penosa” situación de las cárceles españolas.
El portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Las Palmas, Juan Manuel Alacid, ha dicho a los periodistas que “la indecencia está instalada en Prisiones”, donde, en lugar de dar respuestas adecuadas al déficit de 3.500 funcionarios que estima el sindicato o las agresiones que sufren los trabajadores, 360 el pasado año, se sigue “una política del avestruz, de esconder la cabeza y no hacer nada”.
En Canarias, según Acaip, “faltan cerca de 40 funcionarios en Salto del Negro y 200 más si abrieran por completo la prisión de Las Palmas II”, que opera con 320 funcionarios frente a los 508 que debería tener, ha afirmado Alacid, quien ha reclamado por ello la convocatoria de ofertas de empleo público y que se ocupen las plazas que dejan los trabajadores que se jubilan.
Además, ha recalcado que el colectivo de funcionarios de prisiones ha sufrido en los últimos cuatro años cerca de 2.000 agresiones, de ahí que solicite “un protocolo específico porque el que han aprobado no satisface sus espectativas”.
Alacid ha asegurado que el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, que ocupa este cargo desde hace varias legislaturas, “se ha empeñado en no hacer nada ante todo esto”, por lo que el sindicato pide “que lo destituyan, ya que él no dimite voluntariamente”.
El portavoz de Acaip en Las Palmas ha aludido a las prisiones que están pendientes de inaugurar en España, la de Archidona (Málaga), la de Ceuta y la de Soria, y ha expresado su temor a que se abran “a medio gas”, como ha ocurrido con Las Palmas II, que tiene operativos 10 de sus 18 módulos, lo que origina que las instalaciones en las que se han gastado millones de euros “envejezcan” por su desuso.
De igual forma, el sindicato rechaza que la vigilancia exterior de las cárceles la desempeñen empresas privadas de seguridad, en lugar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que considera que este puede ser “el primer paso para que esos vigilantes se introduzcan dentro de los centros”.
“En Prisiones siempre vamos a contracorriente: cuando tenemos muchos presos no hacemos prisiones, y cuando tenemos pocos tenemos prisiones pero no funcionarios. Andamos con un 120 % de masificación y las plantillas están al 80 %”, ha aseverado.
Alacid ha cifrado en una decena las agresiones a funcionarios ocurridas el pasado año en Canarias, un asunto respecto al que ha manifestado que los trabajadores de los centros penitenciarios se sienten “desprotegidos porque cada vez que hay una agresión se hace una investigación, no para saber por qué les han pegado, sino para saber si nosotros tenemos la responsabilidad”.
“Utilizan la investigación para expedientar a funcionarios, nos sentimos más solos que la una”, ha referido.
El portavoz de Acaip en Las Palmas ha considerado que si los funcionarios de prisiones tuvieran la consideración de agentes de la autoridad, los presos que quisieran agredirles “se lo pensarían un poquito”, ya que “les podrían meter hasta cuatro años de condena”, en lugar de seis meses o dos años como ocurre ahora en función de lo que estime el fiscal o el juez.
