El Consorcio de Emergencias solicita un mediador para la negociación con los bomberos de Gran Canaria
Los 19 ayuntamientos que integran del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autonómico han decidido por unanimidad solicitar un mediador a la Comunidad Autónoma de Canarias para que intervenga en las negociaciones colectivas con los bomberos.
El Consorcio de Emergencias explica en una nota de prensa que se ha tomado esta decisión debido al alejamiento entre lo solicitado por los bomberos, que según esta fuente tiene “un coste de 8 millones de euros anuales”, y “lo admisible por la Administración Pública” y a que su presidente y su gerente, Pedro Justo y Emilio Duch, respectivamente, deben abstenerse de negociar al estar afectados por una denuncia por prevaricación administrativa.
El organismo público asegura que los representantes de los trabajadores presentaron en la última mesa de negociación una propuesta por la que solicitan que la plantilla del personal operativo pase de 235 plazas a 318, “esto es 83 personas más y un incremento del 35%”, y una reducción de la jornada laboral pasando de las 1.642 horas anuales actuales distribuidas en 66 jornadas a las 1.274 horas anuales distribuidas en 51 jornadas de trabajo, “un 22% menos”.
Este incremento de personal junto a la reducción de jornada “conlleva un sobrecoste de 8 millones de euros anuales adicionales a los 16 millones de presupuesto que tiene el Consorcio para el capítulo de personal, lo que supone un 50% adicional y, en definitiva, una propuesta muy alejada de lo admisible por la Administración Pública”.
Los bomberos defendieron en la jornada de este pasado martes que existen cuatro sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en relación a que su jornada debe ser de 1.368 horas y no las 1.647, afirmando que si no se alcanza un acuerdo se movilizarán.
La decisión de buscar una mediación fue elevada a la Junta General del Consorcio de Emergencias, integrada por todos los consorciados, es decir, la administración autonómica, la insular, y 19 municipios de Gran Canaria, es decir, todos salvo la capital y San Bartolomé de Tirajana, que tienen sus propios cuerpos de bomberos.
La decisión fue trasladada este jueves a la mesa de negociaciones, cuyos miembros serán citados por el Tribunal Laboral Canario para la designación de mediador, una figura regulada por ley estatal y autonómica.
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