Consuelo Rumí asegura que en Canarias no le cogen el teléfono
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se refirió este martes a las declaraciones del presidente canario, Paulino Rivero, en las que criticaba al Gobierno central por eludir sus responsabilidades en el problema de la inmigración y, en concreto, en la situación de los menores e indicó que “no ha recibido respuesta” de la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, tras intentar contactar con ella telefónicamente la semana pasada.
“En lugar de utilizar a los medios de comunicación hay que sentarse con el Gobierno para buscar soluciones conjuntas”, añadió Rumí, quien mostró su confianza en que los grupos parlamentarios elaboren un documento conjunto que, de ser consensuado, “pueda marcar las líneas de trabajo en materia de inmigración la próxima legislatura”.
Tras comparecer en la Subcomisión de Inmigración del Congreso de los Diputados y, a preguntas de los periodistas, Rumí aseguró que el informe de conclusiones en materia de inmigración, que podría estar listo el próximo día 19, “tendrá un valor inestimable” si es el resultado del acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
Compromiso en menores
Por otra parte y, según informó la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, la secretaria de Estado de Inmigración se comprometió en esta subcomisión, celebrada a puerta cerrada, a financiar “sin límite” la manutención y el traslado a la Península de los menores no acompañados llegados a Canarias.
La diputada explicó a los periodistas que en su comparecencia Rumí informó de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales “está dispuesto a financiar al cien por cien el traslado y acogimiento de los menores inmigrantes llegados Canarias”, en palabras de Oramas, siempre y cuando superen los 300, capacidad de acogida de la comunidad autónoma canaria.
Consuelo Rumí, cerró este martes el ciclo de comparecencias iniciado cuando se constituyó la subcomisión hace dos años y consideró que la consecución de un acuerdo “tendría un valor inestimable”, pues “marcaría las líneas de trabajo en la próxima legislatura”.
No obstante, la consecución de dicho acuerdo “parece difícil, porque nos quedan pocos días”, dijo el portavoz de Convergencia i Unió Carles Campuzano.
El PSOE sólo se ha mostrado dispuesto a aceptar las modificaciones en la legislación de extranjería a que le obligan la transposición de algunas directivas de la Unión Europea y una reciente sentencia del Tribunal Constitucional y el documento que hoy hizo circular en la Comisión no satisface las expectativas de grupos como el PP, CiU o Coalición Canaria
La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, calificó dicha propuesta de conclusiones como “un brindis al sol, excesivamente genérico” y consideró “imprescindible” que en el mismo se haga referencia a la cuestión de los menores como “un asunto de Estado”, a la limitada capacidad de acogida de las Islas y al establecimiento por la administración central de una ficha finaciera para los traslados.
CC también quiere utilizar como documento para la negociación la propuesta legislativa que el Senado aprobó hace varias semanas a iniciativa del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria y el PAR, en la que se pedían numerosas modificaciones legislativas, como la ampliación del plazo de retención de 40 días de los irregulares
Carles Campuzano, de CiU, insistió en que “el acuerdo que necesitamos debe tener el mismo largo alcance que el Pacto de Toledo sobre las pensiones, de manera que la política inmigratoria no dependa de quién gobierne en cada momento”.
Según los nacionalistas catalanes, en los próximos acuerdos de financiación autonómica debe estar presente el fenómeno de la inmigración, pues las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos cada vez cuentan con más gasto al respecto y, además, deben acometerse modificaciones legislativas para que no baste con el mero paso del tiempo para la obtención de la residencia.
Junto a la inclusión en el documento de determinados preceptos del nuevo Estatuto de Catalunya sobre la materia, Convergencia i Unió también quiere que se haga referencia a “actuaciones preventivas” ante la posibilidad de que en España haya un cambio de ciclo económico y se formen bolsas de paro entre la población inmigrante que pudiesen “generar tensiones sociales” como las de otros países de Europa.
