Denuncian a una jueza de Tenerife por un presunto delito de prevaricación

Juan Francisco Oval Pérez, encarcelado en 2002 por un delito de agresión sexual, ha decidido presentar dos querellas ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la jueza, en aquel momento, del Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife, y en la actualidad, magistrada de la Sección Segunda de la misma Audiencia, por un presunto delito de prevaricación, y contra un ex director de la Prisión de Tenerife II por un supuesto delito de agresión.

Así lo han anunciado el propio Juan Francisco Oval y su abogado, Juan Fuentes, quien ha adelantado, además, que iniciarán el correspondiente trámite procesal para la solicitud de reapertura del caso con la presentación de nuevos datos y testimonios.

Según ha relatado el abogado, estos hechos se remontan a 2002, cuando Juan Francisco Oval, con motivo de las disputas familiares suscitadas por el cobro de una herencia, fue denunciado por su propio padre y dos de sus hermanos como presunto autor de un delito de agresión sexual contra su hija y dos sobrinas. A raíz de esta denuncia, Oval fue juzgado por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife y condenado a 8 años de prisión.

No obstante, Juan Fuentes ha explicado que durante el procedimiento se produjeron “numerosas irregularidades”. En primer lugar, el letrado ha indicado que la jueza no aceptó a los testigos de su representado y sí a los de la acusación particular, en concreto, sus dos sobrinas, que “incurrieron en severas contradicciones”, y sus dos hermanos, que “incluso llegaron a decir delante de la magistrada que sólo querían la indemnización -cifrada en 48.000 euros- y que habían presentado la denuncia porque Juan Francisco los iba a denunciar a ellos”.

Asimismo, el abogado ha llegado a asegurar que los testigos que presentó la acusación particular “fueron pagados con 50 euros cada uno por el padre de su representado siempre y cuando testificaran en contra de Juan Francisco”, algo que, según el letrado, “será ratificado por vecinos y amigos de la familia” una vez se reabra el caso.

Es más, Juan Fuentes ha hecho hincapié en que cuando se le tomó declaración a Juan Francisco Oval en el juzgado de instrucción, el juez “le dejó en libertad, ni siquiera con la obligación de firmar, por lo que se entiende que el juez veía que no había peligrosidad”. De hecho, incidió en que en el 98%de los casos de agresión sexual el juez, como medida de precaución, decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza. algo que “no ocurrió en este caso, luego, no era tan grave como parecía”.

Entretanto, el abogado ha asegurado que los informes médico-forenses de estas dos mujeres “desaparecieron del expediente judicial, obrando únicamente los informes psicológicos que ponen en duda manifiesta la credibilidad de ambas”. Incluso, el letrado ha incidido en que la hija de su representado “no sólo negó los hechos, sino que los informes forenses médicos ponen de manifiesto que su desarrollo como mujer era satisfactorio y no se apreciaban evidencias de haber sido víctima del delito que se le imputaba”.

Trato vejatorio

Una vez condenado, Juan Francisco Oval ingresó en la Prisión Tenerife II, donde, según ha explicado Juan Fuentes, comenzó a sufrir “un trato inhumano, vejatorio y humillante” como consecuencia de las denuncias que su representado dirigía contra la jueza que le había condenado, al entender que en el juicio se habían vulnerado “todas las garantías procesales que constitucionalmente se recogen”. “Este hecho -continuó- provocó la orden directa de la jueza al, en aquel entonces, director de la Prisión, de enviar directamente a su despacho las referidas denuncias en contra de ella, con la única intención de que nunca vieran la luz”.

Como consecuencia de la negativa de Juan Francisco Oval de retirar sus denuncias contra la magistrada y declinar en su actitud, el centro le ofreció en octubre de 2002 la concesión del tercer grado penitenciario “cuando sólo habían transcurrido unos pocos meses del ingreso en la Prisión, lo que a todas luces es ilegal e imposible dado que, en una condena de 8 años, esta condición se tendría que ofrecer transcurridos, al menos, unos cuatro años”, recalcó el letrado, quien aclaró que su representado rechazó finalmente este ofrecimiento y continuó en prisión, donde “recibió entre 2002 y 2005 ataques, insultos y vejaciones pese a tener la condición de FIES, ya que era Policía Nacional”.

A raíz de estas circunstancias, agregó Juan Fuentes, se presentó un escrito ante, en aquel entonces, directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, por el tratamiento recibido en Tenerife II, por lo que Juan Francisco Oval fue trasladado a la Prisión de Albolote (Granada), donde ha permanecido hasta su puesta en libertad.

Durante su estancia en Tenerife II, Juan Francisco Oval llegó a permanecer hasta 8 meses en huelga de hambre debido a la situación que estaba padeciendo, lo que provocó que llegase a perder más de 50 kilos y a presentar graves secuelas.