Siete detenidos en Canarias por un fraude fiscal de 400 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que dirige la Operación Medina, la de mayor envergadura en la lucha contra el fraude fiscal de España con 45 detenidos y 38 registros en nueve comunidades autónomas, pidió inhibirse a favor de la Audiencia Nacional dada la gravedad y el tipo del delito. En Canarias han sido detenidas siete personas.
Fuentes judiciales informaron de que la juez titular del juzgado, Ana Pérez Blanco, quien decretó el secreto de las actuaciones y ordenó los registros, planteó su inhibición al abarcar el caso a diversas comunidades autónomas además de por la característica delictiva de que se trata.
Según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia el enjuiciamiento de las causas por delitos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
La delegada de la Agencia Tributaria en Andalucía, Pilar Fernández Marín, explicó que esta operación ha actuado contra toda una trama organizada para eludir el pago del IVA que habría dejado de ingresar en las arcas públicas unos 400 millones de euros, correspondientes al 16% de este impuesto que grava unas ventas de 2.500 millones de euros.
Fernández Marín añadió que la investigación, iniciada en febrero de este año, abarca un centenar de empresas de componentes informáticos y de telefonía móvil repartidas en nueve comunidades autónomas y aspira a recuperar la mayor parte de los 400 millones de IVA eludidos desde el año 2003.
Para ello, se han embargado ya un centenar de cuentas corrientes en veintidós entidades financieras españolas, explicó el jefe regional de inspección de la Agencia Tributaria, Ignacio Méndez.
Entre los 45 detenidos, la mayoría de los cuales prestan declaración ante el titular del juzgado número 5 de Málaga, figuran los tres presuntos cerebros de esta trama, todos ellos españoles y uno buscado por esta actividad delictiva en otros países europeos.
A todos ellos se les imputan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental, según Fernández Marín, quien rehusó facilitar más detalles, ya que la operación está bajo secreto judicial.
Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde la Operación Medina ha tenido una mayor incidencia, con once y nueve detenidos, y once y cuatro empresas o despachos profesionales registrados respectivamente.
En Aragón se ha detenido a cinco personas y se han efectuado cuatro registros.
En Asturias ha habido un detenido y un registro, al igual que ha ocurrido en Castilla-La Mancha y en el País Vasco, mientras que en Canarias se han realizado seis registros y siete detenciones.
Cataluña ha sido otra comunidad autónoma señalada, con seis detenidos y nueve registros.
Los otros cuatro detenidos lo han sido en la Comunidad Valenciana, donde se efectuó un registro.
La responsable de la Agencia Tributaria en Andalucía destacó que tan importante como la dimensión del fraude y del número de empresas y de personas investigadas ha sido el descubrimiento de cómo funcionan las tramas para eludir el pago de impuestos.
Este fraude organizado consistía en que una empresa importadora -denominada “trucha”- compraba productos en la UE -exentos del pago del IVA- y fingía repercutir este impuesto a través de una cadena de sociedades “pantalla”, muchas de ellas sin patrimonio y con gestores ficticios.
Con ello lograba vender finalmente estos productos informáticos a distribuidores o exportadores un dieciséis por ciento más barato, al haberse ahorrado el IVA.
Por otra parte, el comité de empresa de Infinity System y UGT de Guadalajara mostraron su confianza en que la depuración de responsabilidades por esta supuesta trama de fraude no afecte al futuro de los más de quinientos trabajadores de esta empresa, fabricante de los ordenadores y aparatos electrónicos de la marca Airis.
Asimismo, la dirección del Grupo Meflur, que tiene su sede central en Monzón (Huesca), negó “cualquier vinculación” de sus empresas con la presunta trama de fraude de IVA desarticulada por la Agencia Tributaria, sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón acordó retirar el pasaporte a su propietario, Bernabé Noya.
Desde IU, Gaspar Llamazares, dio una llamada de atención al Gobierno para que “se tome más en serio” la lucha contra el fraude fiscal, y añadió que IU se abstuvo cuando la aprobación de la “Ley Fraude Fiscal porque era poco ambiciosa”.
