Educación 'dejó morir' en 2005 un expediente al Sagrado Corazón
El colegio Sagrado Corazón sorteó en el año 2005 un expediente sancionador que había incoado la consejería de Educación que por entonces regía José Miguel Ruano para determinar si el centro había incumplido el concierto educativo, tras agotarse los plazos sin que se investigaran los hechos.
El consejero nacionalista abrió el procedimiento administrativo contra el colegio de Tafira, en Gran Canaria, con una orden fechada el 29 de marzo de 2005, en base a reclamaciones y denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la constitución del Consejo Escolar, el cobro indebido de cantidades por los servicios prestados o el despido de trabajadores. El inicio de las actuaciones contaba, además, con el respaldo de informes emitidos por el Servicio de Inspección Educativa.
Sin embargo, la consejería no nombró instructor para investigar los hechos hasta el 10 de noviembre del mismo año, más de siete meses después de la apertura del expediente, momento en el que, además, fue notificado por primera vez a los titulares del centro. Fue el propio instructor el que advirtió que esta circunstancia podía ser motivo de caducidad y archivo del expediente, al haber sobrepasado los plazos correspondientes a la ejecución del mismo.
Un argumento que también sostuvo Antonio Coello, presidente del Consejo de Administración del Sagrado Corazón, para interponer dos recursos contra la apertura del expediente y el nombramiento de instructor, al entender que el proceso estaba “viciado” y que dejaba al centro escolar en una situación de “indefensión”.
El régimen del procedimiento administrativo establece que la apertura de expediente deberá ser notificada a la parte interesada “dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado”. Si la demora sobrepasa los dos meses, como ocurrió con el Sagrado Corazón, la legislación establece la procedencia del archivo de las actuaciones.
La consejería de Educación también agotó, con este error, el plazo para resolver el expediente, que el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora establece en un máximo de seis meses desde su incoación.
El 10 de agosto de 2006, José Miguel Ruano decretó, mediante nueva orden, el archivo de las actuaciones contra el Sagrado Corazón por la caducidad del expediente, en base a un informe del jefe del servicio de régimen jurídico de la consejería de Educación, dejando sin resolver la investigación sobre las presuntas irregularidades.
Silencio de la consejería
El silencio de la Administración ha sido muy criticado por padres y madres de alumnos disconformes con la actuación del centro. Consideran que Educación ha consentido durante todos estos años las “coacciones y discriminaciones” que han sufrido las familias que decidieron no afrontar el pago de las cuotas de carácter voluntario que el colegio estableció como parte de su proyecto escolar.
Una de las madres de ex alumnas del Sagrado Corazón ha denunciado en este periódico la “dejación de funciones” que, a su juicio, ha ejercido la Consejería de Educación desde que decidió poner en su conocimiento la situación por la que atravesaban sus hijas por este motivo. Así, relata que, de una reunión mantenida con un Director Territorial de la Consejería a finales de 2010, “lo único que se sacó es un valiosísimo tiempo perdido, ya que de todo lo que se habló y de todas las promesas, no ha habido nada”.
En aquel encuentro, según expone la madre, el representante de la Consejería le trasladó su predisposición a facilitar el cambio y la elección de centro para sus hijas, pero, a partir de ese momento, “se dedicó a dar largas” a sus solicitudes. “Lo único que obtuve como respuesta, por parte de su secretaria, es que lo arreglara con el inspector correspondiente”, afirma.
