El Ejecutivo autónomo exige un marco jurídico para los menores inmigrantes
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, subrayó este sábado que el Ejecutivo regional “exige y seguirá exigiendo, en un ejercicio de responsabilidad, conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña, la modificación de la legislación vigente, para que el Estado asuma sus competencias en materia de protección de menores extranjeros no acompañados, a través de la creación de un estatuto jurídico”.
La consejera calificó las declaraciones del ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de “uso indigno de la situación de los menores extranjeros no acompañados procedentes de África, a los que utiliza en su particular pelea con las Comunidades autónomas que no están gobernadas por el partido socialista, esgrimiendo una retórica absolutamente deleznable y contraria a cualquier pronunciamiento humanitario”.
“Caldera incluso desdice al presidente del Gobierno del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, que en diversas ocasiones ha mostrado su compromiso para dar respuesta a una situación de emergencia que dura ya más de un año y en la que Canarias ha mostrado sobradamente su solidaridad con el Estado” , añadió Rojas.
Para Rojas, el Gobierno de Canarias “siempre ha demostrado su voluntad de colaboración en materia de inmigración y ”así lo llevamos haciendo en los últimos diez años“.
A este respecto, recuerda que Canarias aceptó su disponibilidad para acoger a 300 menores extranjeros no acompañados, una cifra que está muy por encima del 4% en función de su porcentaje de población “y en la actualidad el Gobierno ampara a alrededor de 700”.
“Compromiso incumplido”
Inés Rojas indica que en septiembre de 2006, el ministro Caldera se comprometió, tanto en el marco del Consejo Superior de Política de Inmigración como públicamente a través de una rueda de prensa celebrada en Canarias, al traslado de 500 menores extranjeros no acompañados al resto de las comunidades autónomas en un periodo máximo de 15 días para después continuar con el programa de traslados de forma paulatina.
“Caldera demuestra así su incapacidad de consenso con las comunidades autónomas y por tanto para llevar a cabo las competencias del Estado, ya que después de un año, tan sólo han sido trasladados 478 niños, de los que 93 de ellos siguen bajo la tutela del Gobierno de Canarias”, resalta.
Para la consejera, el ministro “pretende desentenderse ahora del problema, recurriendo incluso a un lenguaje reprochable, y olvidando que estamos hablando de un problema tremendamente serio porque afecta a niños y que requiere de una mayor altura de miras, de una gran responsabilidad por parte de todos y que no puede solventarse con juegos malabares para dejar que esta materia este sujeta a la voluntad de las comunidades autónomas”.
