Una escuela franquista frente al Parlamento
La Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública Canaria (IDEPC) ha denunciado el “deterioro” del servicio público de Educación en Canarias debido a “la política de recortes e involución impulsada por el Gobierno del PP y continuada en las Islas por CC y PSOE”.
La protesta ha tenido lugar la tarde este miércoles en las inmediaciones del Parlamento de Canarias y ha consistido en una representación de una escuela del franquismo para escenificar “las políticas regresivas del Gobierno del Estado”.
La plataforma señala que estos recortes están trayendo consigo más alumnos por aula, una disminución del profesorado que, además, “trabaja en peores condiciones”, menos becas para libros, materiales y comedores, incremento de las tasas universitarias, “peor atención” a los niños y niñas con necesidades educativas especiales y eliminación de la acogida temprana y las actividades de refuerzo y extraescolares. “En definitiva, un notable empeoramiento del servicio público de la educación, al que apenas se dedica un 3% del PIB”, asevera.
Para IDEPC, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el ministro Wert pretende aprobar en las próximas fechas va a significar “un regreso a la escuela del franquismo, bajo el santo y seña de cristianizar y españolizar al alumnado”.
Esta plataforma considera que la nueva legislación camina hacia la privatización del sistema para “impulsar la educación como negocio” y critica que la misma posibilite la segregación entre niños y niñas, que imponga cinco reválidas que ponen “trabas y filtros para el estudio de los menos favorecidos”, que establezca categorías entre los centros o que “regrese al Estado centralizador del Ántiguo Régimen”.
Frente a esta política de recortes, IDEPC reclama una educación pública “de calidad, gratuita y universal, equitativa, laica y que forme en valores universales, integradora, controlada y gestionada democráticamente, de carácter científico y que prepare para la vida, y dotada de una inversión suficiente” que considera que debe ser, al menos, del 7% del Producto Interior Bruto.
