España logra una mayoría suficiente para aprobar la orden de protección de maltratadas

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, logró este viernes, pese a la oposición de la Comisión Europea, el apoyo de una mayoría suficiente de los Estados miembros para aprobar la orden europea de protección para mujeres maltratadas, una de las prioridades de la presidencia española. Su objetivo ahora es concluir en las próximas semanas los detalles de la nueva norma y alcanzar un acuerdo político en junio, que debe ser ratificado por la Eurocámara.

En una tensa rueda de prensa tras la reunión de ministros de Justicia de la UE llena de réplicas y contrarréplicas, tanto Caamaño como la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, se atribuyeron la victoria en el debate.

“Hay quienes estamos dispuestos a adelantar lo antes posible los instrumentos de protección a las víctimas”, alegó el ministro de Justicia para justificar su urgencia en aprobar la euroorden. “Si galopamos cometeremos errores que acabarán pagando las víctimas”, le replicó Reding, que defendió realizar primero un análisis de impacto y presentar una propuesta mejor que la española en 2011.

“Discrepo muy amablemente de la posición de la comisaria”, dijo Caamaño, que subrayó que la propuesta española cuenta con un respaldo “muy mayoritario”. Y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario le contestó que la “vasta mayoría” de los Estados miembros “tiene problemas” con la iniciativa de España. “El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones”, insistió Reding. El nivel de enfrentamiento fue tal que, cuando tras la rueda de prensa Caamaño intentó despedirse de Reding, ésta ni siquiera le miró y sólo tras un segundo intento le dio la mano.

El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.

Reding alegó que la propuesta española utiliza una base jurídica inadecuada y por ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó con llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si siguen adelante con la tramitación de la orden de protección abanderada por España.

La presidencia española pretendía inicialmente que la orden de protección cubriera tanto las medidas dictadas en el ámbito penal como las del ámbito civil. Pero la Comisión sostiene que la base jurídica escogida por España sólo puede abarcar las medidas penales. La última propuesta de compromiso de la presidencia reduce la ambición inicial, pero abarca todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de la víctima e impedir un delito, independientemente de que las dicte un juez penal o civil.

En el debate público celebrado durante la reunión de ministros de Justicia de la UE, la propuesta de compromiso presentada por España consiguió el apoyo pleno de 15 Estados miembros que garantizan la mayoría cualificada necesaria para aprobarla, según fuentes diplomáticas.

Se trata en concreto de Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Finlandia, Grecia, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Reino Unido, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Países Bajos y Malta. Sólo Alemania, República Checa, Eslovenia, Austria, Letonia, Hungría, Chipre y Luxemburgo se alinearon con las tesis del Ejecutivo comunitario o expresaron reservas parciales.

Al término del debate, Caamaño agradeció el “apoyo firme” de las delegaciones y resaltó que, hasta junio, “tenemos un tiempo importante para poder trabajar, insistir y hacer las cosas mejor y poder por tanto incorporar a más Estados miembros a esta posición y también poder seguir trabajando con la Comisión”.

PERJUDICARÁ A LAS VÍCTIMAS Y BENEFICIARÁ A LOS ABOGADOS

Sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario insistió en que la propuesta de España “no está madura, está llena de contradicciones, va a perjudicar a las víctimas porque no se les podrá ayudar y seguro que ayudará a los abogados porque ellos se beneficiarán de la litigación tanto en los tribunales nacionales como en los europeos”.

“No necesitamos perjudicar a las víctimas una segunda vez. Éstas necesitan seguridad jurídica, acciones que se puedan llevar a la práctica para protegerlas. Y no necesitan que aprobemos algo que no ofrezca seguridad jurídica, que sirva sólo para dar trabajo a los abogados que litigarán en los tribunales”, insistió la vicepresidenta.

Reiteró que el Ejecutivo comunitario presentará a principios de 2011 una propuesta “importante” y “sólida”, tras realizar una evaluación de impacto y una consulta pública, que a su juicio cubrirá las lagunas de la propuesta española y “permitirá ayudar a las víctimas en la práctica y no sólo con grandes ideas”. Y amenazó a los Estados miembros con ir al Tribunal de Luxemburgo si no esperan la propuesta de Bruselas y siguen adelante con el proyecto de España.

“Es muy simple. Si los legisladores actúan contra la ley y contra los Tratados, la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, debe llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE”, dijo Reding a los periodistas.

“A veces, la búsqueda de la perfección sólo conduce a la melancolía y nuestra obligación es dar respuestas en tiempo real a nuestros ciudadanos, a las mujeres de Europa, y no entrar en discusiones adelantadas acerca de los límites interpretativos, dudosos en mi opinión, sobre la base jurídica del Tratado”, replicó Caamaño a la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario durante el debate público.

“No me parece muy correcto adelantar un juicio de recurrir ante los tribunales de justicia algo sobre lo que no se ha pronunciado todavía el Parlamento Europeo. Estamos sólo en una primera fase de elaboración de una directiva bajo el nuevo Tratado de Lisboa”, reprochó además a Reding el ministro de Justicia.

Caamaño explicó que la iniciativa española permitirá proteger ya a las 8.000 mujeres rumanas que tienen una orden de protección en España si deciden regresar a su país de origen, o a las cerca de 800 alemanas que se encuentran en la misma situación.