Un extranjero sin colegiar ejerce como médico en Valle Tabares

Un extranjero sin permiso de trabajo en España ni registro en ningún colegio Oficial de Médicos del país, Emilio Pérez Anchía, es el encargado actualmente de la atención sanitaria de los 104 menores sujetos a medidas judiciales en los centros tinerfeños de Valle Tabares (La Laguna) y Hierbabuena (Güimar), según han informado fuentes de la Unión General de Trabajadores de la Isla y confirmado la Organización Médica Colegial (OMC) y la Inspección de Trabajo.

Según las fuentes sindicales, miembros del comité de empresa de Valle Tabares, Pérez Anchía, de nacionalidad cubana, es el único médico responsable de los menores y el personal de este centro en el turno de tarde desde septiembre de 2005, mientras que a partir de septiembre de este año, se ocupa también del turno de mañana en Hierba Buena.

Pérez Anchía es uno de los trabajadores que la empresa Alerta Médica Canaria (AMC) SL ha proporcionado a la Fundación Ideo ?sujeta a un convenio con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias para la gestión integral de los centros de Tenerife- dentro del acuerdo que mantienen desde mayo de 2006 para la atención médico-asistencial de los menores. Según fuentes de la Inspección de Trabajo, del expediente que están elaborando sobre esta persona se desprende que no tiene permiso de trabajo para ejercer actividad alguna en el país ni como autónomo ni dentro del Régimen General de la Seguridad Social, por lo que en la resolución se impondrá una multa a Alerta Médica de un mínimo de 6.000 euros.

Además, el número de colegiado que Pérez Anchía utiliza para firmar los documentos oficiales ?y el que ha proporcionado Alerta Médica a Ideo- corresponde a un psiquiatra registrado en Barcelona, lo que, según las fuentes consultadas, añadiría los delitos de fraude y suplantación de personalidad. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife se explica, además, que para ejercer la medicina en España es imprescindible desde el punto de vista legal estar colegiado, para lo cual cualquiera de los organismos provinciales del gremio exige un título homologado y la acreditación de una especialidad. Sin esta garantía, ni siquiera es posible saber si Pérez Anchía es efectivamente médico.

Desconocimiento de la Consejería

Fuentes oficiales de la Consejería aseguran que desconocían la situación y que ni ellos, ni la Fundación Ideo ni la dirección de Valle Tabares tienen comunicación de la Inspección de Trabajo del resultado de la visita girada el pasado día 7 de diciembre. Explican que el departamento autonómico solicita “periódicamente” a Alerta Médica la copia de los contratos de los trabajadores que prestan sus servicios en los centros y los certificados de que están al día en los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda.

En el caso de Pérez Anchía, Empleo y Asuntos Sociales dispone de la copia de un contrato mercantil, al que ha tenido acceso ACN Press, que, según Inspección de Trabajo, no puede ser válido al carecer esta persona de permiso de trabajo. Este documento, fechado el 16 de diciembre de 2004, (si bien la Consejería informa que Pérez Anchía se encarga de la atención médica en Valle Tabares desde agosto de 2005), establece literalmente que Gaspar Sierra Fernández, administrador único de Alerta Médicda Canaria SL, y Emilio Alberto Pérez Anchía, “médico con número de colegiado 5990 en Santa Cruz de Tenerife” (dato falso, según consulta al Colegio tinerfeño y a la OMC) y residente en La Laguna, acuerdan “suscribir contrato mercantil por el que se compromete a prestar servicios profesionales con la categoría de médico en los distintos centros de trabajo en los que viene desarrollando AMC, bien por actividad propia o por funcionalidad profesional a organismos ajenos a la empresa, percibiendo por ello la retribución económica correspondiente a los trabajos que desempeñe mensualmente extendiéndose para ello formal factura”. Ambos firman el documento, que tiene sello de entrada de la Fundación Ideo de fecha 10 de octubre de 2006.

En otro escrito, AMC informa a Ideo, el 25 de septiembre de 2006, que no aporta los TC-2 (acreditaciones de pagos legales) mensuales reclamados sobre Pérez Anchía porque está contratado “en régimen mercantil”, como tampoco lo hacen con “personal de enfermería eventual”.

Desde la Consejería aseguran que se pondrán en contacto con la empresa y que “tomaremos medidas”.

Responsabilidades del médico

Entre las ocupaciones de Pérez Anchía, entra la atención y control médicos a los 98 internos de Valle Tabares y a las seis chicas que están en el centro de medidas de Güimar, además de los del personal de ambos en el turno que le corresponde.

Asimismo, es responsable de elaborar los partes de lesiones que se dan en los centros, ya sea entre los chicos o hacia educadores, que se remiten como prueba oficial a los juzgados y la Fiscalía de Menores para certificar los incidentes que pueden dar lugar a responsabilidades penales. Los trabajadores alertan de que cualquier denuncia basada en los informes de Pérez Anchía perderá toda validez legal desde el momento en que la Inspección de Trabajo emita la resolución en la que se constate lo que ya se ha adelantado verbalmente, que no tiene permiso de trabajo ni acreditación médica en España. Esto ocurrirá en los próximos días.

Otra de sus funciones es dar consentimiento médico previo a los permisos y salidas terapéuticas de los chicos, que sólo pueden realizar bajo determinadas condiciones, como la de superar un drogotest que se les realiza semanalmente.

Igualmente, Pérez Anchía se encarga de administrar tratamientos “muy fuertes” ?tranquilizantes, ansiolíticos?- a los menores con trastornos de conducta, “que deben aplicarse con mucha precaución” para que no resulten lesivos a los chicos, explican los trabajadores, resaltando que se está encargando de esto una persona de la que “ni siquiera tenemos constancia que sea médico”.

Dimisión de los tutores

El caso se inicia el pasado 7 de diciembre, cuando un inspector de Trabajo se persona en Valle Tabares a las 15:00 horas, hecho que consta en el Libro de Visitas, y se entrevista con el director del centro, Agustín López Martínez, y con el propio trabajador, a solas. El pasado 12 de diciembre, López Martínez es citado en las oficinas de la Inspección en Tenerife, donde se le informa que Alerta Médica aún no ha aportado el contrato de trabajo que habían solicitado.

Por todos estos hechos, UGT Tenerife solicita la dimisión del director general de Atención al Menor y la Familia, José Luis Arregui, y del jefe de Servicio de Medidas Judiciales, Juan Carreiro, “bien por negligentes o por encubridores”, ya que, recuerdan, el titular de este departamento ?titular de los centros- “es el tutor legal de los jóvenes sujetos a medidas judiciales y por tanto, de su bienestar, que no queda garantizado por una persona que presta servicios de forma totalmente ilegal. Además, exigen una investigación por parte de la Fiscalía y la Judicatura de Menores sobre este caso, porque consideran inadmisible que ”un facultativo que no puede ejercer en España esté atendiendo sanitariamente a los menores“.

El director de Valle Tabares acredita por escrito al Comité de Empresa el 15 de diciembre que Pérez Anchía es el “facultativo adscrito al Centro de Valle Tabares por Alerta Médica SL en el turno de tarde”. Los trabajadores aseguran que continúa en su puesto.