La familia Roger exige investigar quién ordenó el operativo para desalojar la vivienda centenaria de Fuerteventura
La familia de Pascuala Roger Pérez, la propietaria de la vivienda de Cueva de la Negra (Fuerteventura) sobre la que recae una orden de derribo, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica una investigación formal sobre el dispositivo desplegado el pasado 21 de septiembre cuando estaba previsto el desalojo y tapiado del inmueble.
En un escrito dirigido a la ministra del área, Sara Aagesen, la familia exige conocer quién fijó la fecha, quién ordenó y autorizó la actuación impulsada por la Demarcación de Costas del Estado en Canarias, quién verificó previamente el cumplimiento del auto judicial sobre esa vivienda y qué instrucciones recibieron los distintos organismos y servicios movilizados.
El auto de 28 de julio autorizaba la entrada, demolición y reposición del terreno, pero establecía condiciones expresas: la actuación debía desarrollarse en horas diurnas, con un preaviso de al menos cinco días y con obligación de dar cuenta al Juzgado de la entrada y de cualquier incidencia producida.
La familia ha pedido también determinar cómo se computó y acreditó ese preaviso y quién consideró cumplidas íntegramente las condiciones judiciales.
El 21 de septiembre se produjo un importante despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios públicos y personal de la Demarcación de Costas y la empresa pública Tragsa.
Al lugar acudió, resalta la familia, el propio jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Martín Coronel, como máximo responsable de dicho órgano presente durante la actuación.
El escrito solicita igualmente investigar la intervención de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio, la Delegación del Gobierno en Canarias y la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura.
También se pide aclarar qué actuación concreta pretendía ejecutarse bajo el término “inhabilitación” de la vivienda, ya que la parte dispositiva del auto judicial autoriza expresamente la entrada, demolición y reposición del terreno, pero no recoge específicamente una actuación autónoma con esa denominación.
La familia recuerda además el precedente del 26 de agosto, cuando se desplazaron medios y maquinaria para ejecutar la demolición pese a encontrarse vigentes medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura.
El escrito solicita preservar órdenes, correos electrónicos, comunicaciones internas, partes de servicio e instrucciones operativas para reconstruir la cadena de decisión, mando y ejecución y, si se apreciaran incumplimientos, depurar las responsabilidades que legalmente procedan.
Por último, la familia Roger ha manifestado que se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que estén a su alcance para la defensa de sus derechos y para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
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