La funcionaria acosada en la 'era Luzardo' cree que ''sienta jurisprudencia''
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a indemnizar con 12.000 euros a la trabajadora de la corporación municipal Adela Martín, por un caso de “violencia psíquica diaria y pública que erosionó su dignidad”.
En declaraciones al programa El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, la afectada mostró su satisfacción por el fallo del TSJC, asegurando que “es una buena sentencia para la administración, porque sienta jurisprudencia para gente que está en las mismas circunstancias”. Adela Martín, con una experiencia de “más de 40 años” en el Ayuntamiento capitalino, denunció a la corporación porque “no tenía asignada ninguna tarea”, circunstancia tipificada por la Justicia como acoso laboral.
La trabajadora municipal presentó en mayo de 1996 el proyecto del Festival de Teatro y Danza para la capital grancanaria, que fue aprobado por la Concejalía de Cultura que, por entonces, regía Josefa Luzardo. Fue a raíz de unas supuestas declaraciones de Adela Martín, en las que abogaba por una serie de cambios en el Festival que ella misma dirigió hasta 2001, cuando la Concejalía de Cultura inició, según la afectada, una campaña de acoso laboral. Martín negó haber realizado esas declaraciones, que atribuye a una “encerrona de la prensa”.
La funcionaria cree que esas supuestas manifestaciones fueron la excusa de la Concejalía de Josefa Luzardo para “robarle la silla”. Según la afectada, estuvo esperando cuatro meses para que la concejala popular la recibiera para aclarar la situación. Posteriormente, sería trasladada al departamento de Patrimonio, donde la única tarea que le asignaron fue “leer el tomo del inventario”, siendo ya Josefa Luzardo alcaldesa de la ciudad.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria alegó en su defensa que la trabajadora municipal ejercía “funciones puntuales en la Biblioteca”, que, según Adela Martín, se limitaban a “archivar las estadísticas cuando llegaban”. También denunció que la dejaran fuera de las listas de promoción interna de la Concejalía en la que trabaja.
