Un 65% de los funcionarios de Justicia apagaron sus ordenadores en señal de protesta
El apagón informático convocado por los sindicatos de Justicia en todas las sedes judiciales de Canarias para este viernes, de 12.00 a 12.30, ha sido secundado por un 65% de los trabajadores de ambas provincias, lo que consideran un “éxito”, ya que en algunos partidos judiciales la respuesta fue del 100%. Los sindicatos calculan que esa media hora dejaron de tramitarse unos 15.000 documentos.
“Estamos muy satisfechos”, afirma Gregorio Pérez Sosa, presidente de la Junta de Personal en Santa Cruz de Tenerife. “El apagón del sistema informático Atlante II ha sido total en Puerto de La Cruz, Güímar y La Orotava, y ha tenido menor incidencia en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, por la actitud en contra de algunos secretarios judiciales”.
El mayor problema para llevar a cabo el apagón se ha dado en los registros civiles, donde la atención a los ciudadanos “es directa y a veces, acuciante”, explica Mario Sicilia, representante de CSIF.
Fuentes sindicales indican que en la provincia de Las Palmas, sobre todo en Gran Canaria, el apagón también ha sido secundado por cerca del 70% de los trabajadores. No hay datos oficiales por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Esta ha sido una de las protestas de los funcionarios de Justicia, que reclaman el cobro de un complemento específico acordado con el Gobierno de Canarias en 2008 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias en 2009, que debería haberse hecho efectivo desde el 1 de enero. Sin embargo, la crisis económica ha dejado el aire esta percepción, que oscila entre los 500 los 572 euros.
“No se trata de un aumento salarial, como el Gobierno afirma, sino de un reconocimiento económico por haber asumido más responsabilidades y mejorado las titulaciones, fruto todo ello de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poner en marcha el nuevo modelo de oficina judicial”, recalca Sicilia.
Los representantes sindicales matizan que sus concentraciones cada viernes en las sedes judiciales y las próximas medidas de presión que estudian “no son para que nos paguen el complemento ya mismo, porque somos conscientes de la situación, sino para que al menos nos digan cuándo podremos comenzar a percibirlo y tener la seguridad de que antes o después lo tendremos asentado en nuestras nóminas”.
“De momento, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia no ha hecho nada, ni ha convocado a la mesa de seguimiento de ese acuerdo, que se logró tras una huelga”, añade el portavoz del CSIF.
