Los funcionarios de baja temporal perderán dinero al cuarto día
Los funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias en situación de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) verán reducida su nómina a partir del cuarto día en que se encuentren de baja por contingencias comunes, según una instrucción de la Intervención General de la Comunidad del pasado 5 de octubre.
Como sucede en las empresas privadas -a partir del cuarto día el empleado de baja temporal ve reducida su nómina, y sólo a partir del decimoctavo la Seguridad Social asume el 100% de su sueldo-, los funcionarios verán aminoradas sus retribuciones, una decisión que ha llevado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha decir “¡¡¡Basta Ya!!!” en un comunicado al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA.
En el mismo, CSI-CSIF denuncia que no sólo se reste de la nómina de los funcionarios de la Administración General los días de baja temporal a partir del cuarto, sino que la Intervención General de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, haya ordenado incoar expedientes de reintegro de “esos supuestos pagos indebidos con carácter retroactivo al 1 de enero de 2009”.
CSI-CSIF considera que la decisión de la Intervención General “se basa en una interpretación aislada, torticera y no ajustada a derecho que aplican únicamente a los funcionarios de Administración General de la Comunidad Autónoma; no a los laborales, ni a los sanitarios, docentes o justicia”.
“Traición” a los empleados públicos y “cisma irreconciliable”
A juicio de la central sindical la instrucción “se adopta a espaldas de los Sindicatos y de los funcionarios públicos no habiendo sido negociada la referida medida restrictiva. Asimismo, entiende este Sindicato que con la presente actuación se traiciona por parte de la propia Administración de la Comunidad Autónoma a sus empleados públicos funcionarios a quienes ataca a sus bolsillos creando un cisma irreconciliable”.
El sindicato critica que si estas medidas responden “a la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o por el contrario a la contención del gasto público que tanto ha anunciado este Gobierno obviando, claro está, los estipendios que por Sentencias y determinadas adjudicaciones nos tiene acostumbrados sus gestores”.
El sindicato pone en manos de sus servicios jurídicos la instrucción de la Intervención General y “a la vista del cisma creado por la actuación poco profesional de la Intervención General nos preguntamos quién ordena esa consulta así como exigimos que por el máximo responsable de la Función Pública Canaria por un lado se posicione públicamente de una vez por todas y señale cuál es el modelo que pretende instaurar así como por otro lado, dicte las órdenes precisas para que la referida Instrucción de la Intervención General que entendemos nula de pleno derecho, en todo caso anulable, se expulse radicalmente del Ordenamiento Jurídico adoptando las medidas necesarias a tal fin, incluso las disciplinarias si hubieren lugar”.
