El Gobierno canario prevé que este año entre en vigor la ley que regulará la vivienda vacacional

Vivienda vacacional en el centro de La Laguna.

EFE

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El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo hito en la tramitación de la ley que regulará la vivienda vacacional en Canarias, la consulta pública y el trámite de audiencia, con la idea de que el anteproyecto entre en el Parlamento en septiembre y la normativa entre en vigor este año.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha indicado en rueda de prensa que en cuanto finalicen estos dos trámites, el próximo 2 de mayo, se declarará el trámite de urgencia para acortar los plazos.

De León ha indicado que los detalles de la futura ley los dará a conocer este miércoles y solo ha avanzado de su contenido que la autorización de nuevas viviendas vacacionales solo será posible si el planeamiento de cada municipio lo autoriza.

“La competencia recae donde siempre ha estado”, en los ayuntamientos, que serán los que “limiten o establezcan qué zonas de crecimiento quieren para sus municipios, por núcleos, barrios, por población, por distrito...”, ha añadido.

Ha recordado que hasta ahora bastaba con una declaración responsable que los cabildos tenían luego que comprobar y no lo han hecho, con lo que “ese decreto de mínimos había que regularlo y reforzarlo con una norma con rango de ley para volver equilibrar el sistema urbanístico”, ha esgrimido.

De León ha reseñado también que la futura ley prohibirá “de forma expresa” la explotación turística de viviendas protegidas.

La consejera ha recalcado que esta ley, que nace “con el más absoluto respeto” a la participación ciudadana y de los diferentes sectores e instituciones implicadas, propiciará “un cambio de paradigma en la política turística” y permitirá “recuperar el equilibrio territorial perdido”.

En su comparecencia tras la celebración del Consejo de Gobierno también ha anunciado que convocará de manera inmediata a las diferentes plataformas que trabajan con los alquileres vacacionales para firmar un protocolo por el que se comprometan a cumplir el nuevo reglamento europeo y así “poner coto” a la oferta irregular.

Ha detallado que en Canarias hay 54.227 viviendas vacacionales declaradas, esto es, 217.574 plazas, un 37% de la oferta alojativa de todo el archipiélago.

Queda por ver, ha continuado la consejera, cuáles de todas estas viviendas cumplen el anteproyecto de ley, ya que las sometidas a cualquier régimen de protección tendrán que dejar de comercializarse, ha insistido.

El portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha valorado que tras cuatro años de “legislatura perdida” en materia de vivienda el actual Gobierno de Canarias ha tomado dos medidas como el decreto de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional.

Sobre la petición de declaración de zona tensionada por parte de varios municipios, ha insistido en que ve “más eficaz” la estrategia del Gobierno de Canarias, pues, articula “no menos de una veintena” de medidas que atienden a las singularidades de cada isla y zona, y que confía tendrán efecto en un periodo de tiempo “relativamente rápido”.

Además, ha recalcado que la declaración de emergencia habitacional se hace extensiva a todo el archipiélago y con ella se cumplen varios de los requisitos de la normativa estatal para determinar que una zona está tensionada en materia de vivienda.

En todo caso, ha dicho que conforme el Gobierno de Canarias vaya recibiendo esas peticiones por parte de los municipios, lo que hasta la fecha no ha sucedido, las tramitará “por supuesto”, analizando “lo que propongan”. 

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