El Gobierno quiere que los canarios adopten menores de acogida
El PSC afirmó este lunes que la política de acogimiento de menores en Canarias es “la cronología de una nefasta gestión”, mientras que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, dijo que “no se rinde” a que los niños estén “institucionalizados” y su objetivo es que crezcan al calor de un hogar.
La discrepancia sobre la política en materia de menores se produjo entre la consejera del área, Inés Rojas, y la diputada del grupo Socialista Olivia Cedrés, quien consideró que en este ámbito el Gobierno regional “es el de las tinieblas y las medias verdades” y calificó de “extremadamente grave” la posibilidad de que no haya “una criba” o control sobre las familias que desean adoptar un niño.
La diputada aseveró que no se le ha dado información sobre cuántas familias han sido desestimadas en el procedo de adoptar un menor y se preguntó si todas son válidas.
A su juicio no se han cubierto “ni los plazos” previstos por el Ejecutivo regional, según los cuales se iban a crear 1.250 plazas para centros de menores y sólo se han establecido 995.
Además reprochó que el acogimiento en Canarias “se hace eterno”, sobre todo en la etapa de la preadopción, y consideró “triste” hablar de un descenso generalizado en la cifra de solicitantes de adopción, lo que supone “un fracaso del sistema”.
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, negó estas acusaciones “tan graves de que todo vale” y señaló que el objetivo del Gobierno es que los niños “de forma inmediata” puedan salir de un centro hacia el seno de una familia de acogida.
Al respecto, señaló que en Canarias hay 2.442 niños en situación de desamparo, de los que 1.275 viven con algún familiar biológico -como abuelos o tíos- y 1.167 en centros y hogares de acogida.
Se refirió la consejera al “paso gigantesco” en la política de protección de los menores que implica el convenio firmado entre el Gobierno regional y Cruz Roja para que en 2009 haya 80 familias que acojan menores y que siempre serán conscientes de que no tendrán derecho a su adopción, aunque tendrán una contraprestación económica de entre 20 y 40 euros.
La diputada del grupo de Coalición Canaria Flora Marrero señaló que la atención a los menores inmigrantes no acompañados “colapsa” a la Consejería y reconoció que es difícil para una familia acoger a un niño que no puede adoptar.
No se trata de hablar de un panorama de “La casa de la Pradera” sino de un marco dramático por lo que la diputada nacionalista pidió además que se evite la rotación de los profesionales en los centros de menores, cuya situación de por sí ya es inestable.
El diputado del PP Asier Antona valoró el esfuerzo de la Consejería en la política de atención familiar, a la que se añade “la presión” de los menores extranjeros no acompañados, que reclamó que se trate como una cuestión de Estado y para ello se reformen las leyes de extranjería y del enjuiciamiento civil.
