El Gobierno canario interpone una denuncia por sustracción de menores
La Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias ha interpuesto una denuncia por sustracción de menores una vez que la familia acogente de la niña conocida como Piedad no ha ejecutado la sentencia por la cual debe internar a la menor en un centro de acogida.
La denuncian ha sido presentada de acuerdo con el artículo 255 bis 2 del Código Penal, informó este viernes la Dirección General del Menor que, en un comunicado, recuerda que el 2 de mayo la Audiencia Provincial de Las Palmas emitió una sentencia por el cual la niña debe ser internada en un centro de acogida de Gran Canaria.
La familia de acogida de la niña, de cinco años, que vive en el municipio tinerfeño de La Orotava, anunció este viernes que recurrirá la sentencia en la que se establecía un plazo de 24 horas para la entrega de la niña porque sostiene que ese requerimiento no es firme.
El abogado de la familia, Juan Manuel Fernández del Torco, ha recurrido también la sentencia en la que se establece el ingreso de la niña en el centro como paso previo a su integración con su madre biológica.
La Dirección General del Menor indica en un comunicado que antes de que se produjera el auto del 30 de abril presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que elabora un programa de intervención psicosocial que implicaría la presencia de la menor durante dos horas al día en un centro de acogida, próximo a su domicilio actual.
Según el plan de la Dirección General del Menor, Piedad estaría acompañada por un equipo de personal de apoyo psicopedagógico del Servicios del Programa de Prevención y Protección de menores.
Lamentablemente, añade la Dirección General del Menor, la familia acogente de la menor no asistió ni al programa de intervención psicosocial ni al de mediación, por lo que aunque este departamento es tutor legal de la menor, “no tiene conocimiento, desde el pasado 16 de abril, fecha de ejecución de esos programas, del estado psicológico de la niña”.
Recuerda que el 27 de abril miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, acompañados por técnicos del juzgado y de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, fueron al domicilio de la familia de acogida para recuperar a la niña, “, comprobándose la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia”
Explica que la situación ha sido constatada por la Audiencia provincial de Las Palmas, que en la sentencia del 2 de mayo indica que la madre acogente “se ha venido negando sistemáticamente a toda colaboración y a cuantas medidas se han propuesto, incluso la mediación familiar ofrecida por la Dirección General del Menor”.
La Dirección General de Protección del Menor y la Familia intentó ayer “infructuosamente ponerse en contacto con la familia que, en estos momentos, no tiene ni guarda ni la custodia de la menor”.
Por vía indirecta, agrega la Dirección General del Menor, “se les ha ofrecido apoyo psicológico, sin ninguna respuesta hasta el momento”.
La Dirección General del Menor aclara que la actuación de este departamento “no es la retirada de la menor, que corresponde al ámbito judicial, sino ofrecer apoyo psicológico a la menor y a la familia, de tal forma que se logre el menor impacto emocional posible en todo el proceso de reintegración de la menor al entorno de su familia biológica, en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia provincial”.
Sin embargo, dado que la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, se ve imposibilitada para ejecutar la sentencia, así como poder realizar una valoración del estado actual de la menor, por cuya protección debe de velar, ha interpuesto denuncia por sustracción de menores en el juzgado número tres de La Orotava.
