Impugnado el segundo intento de Turismo para sacar adelante un concurso de 400.000 euros para las ecoáreas

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Canarias tendrá que determinar, otra vez, la validez de la nueva licitación por 393.760 euros de la Consejería de Turismo para la dinamización participativa y gestión de contenidos web y redes sociales del proyecto europeo Ecoáreas-Mardetodos. El anuncio fue emitido el 23 de febrero de 2021 y ha vuelto a ser impugnado por la entidad mercantil Oceanográfica: Divulgación, Educación y Ciencia S. L. Esta misma sociedad exigió la suspensión de la primera licitación, publicada en julio de 2020 y que fue anulada por el Tribunal Administrativo. En esta ocasión, Arturo Boyra, en representación de Oceanográfica, ha exigido la paralización del procedimiento por no ser “imparcial”. “Las empresas que hayan estado contratadas anteriormente cuentan con información que les ofrece una clara y significativa ventaja. El hecho de que la administración sea consciente [...] es un agravante de la peligrosa parcialidad que puede incorporar la presente licitación”, asevera el documento al que ha tenido acceso ahora.plus. 

 

La licitación puntúa de forma favorable a aquellas empresas que presenten propuestas de creación de nuevas ecoáreas. Estos espacios son áreas delimitadas de litoral que comprenden zonas marinas y terrestres y que pretenden promover “la participación ciudadana y la gobernanza interactiva”. Oceanográfica S.L. critica que aquellas entidades que quieran presentarse y que no hayan estado contratadas antes están en desventaja en este aspecto por la información “incompleta y obsoleta” publicada en la web del proyecto sobre cómo diseñar ecoáreas. Arturo Boyra denuncia que la última información que aparece data de 2018. “¿Dónde está el trabajo de los dos años siguientes?”. El único documento de trabajo posterior a esta fecha es un guion gráfico del proceso de creación de una ecoárea. “Es solo un gráfico de tres páginas más portada. No aparece ningún documento que explique qué son, qué contenidos engloban, qué características tienen y cómo se desarrollan”. 

 

Igual que en la licitación anulada por el Tribunal Administrativo, la propuesta técnica supone el 40% de la puntuación y su evaluación es “a juicio de valor”, tal y como establece la memoria justificativa publicada en la web de contratación del Gobierno de Canarias. “No existen indicadores y es totalmente subjetivo y susceptible de incurrir en arbitrariedad”, insiste Boyra. La principal diferencia respecto al anterior anuncio es que, en esta ocasión, están desglosados los puntos en función de las propuestas para cada ecoárea. 

 

Ningún perfil medioambiental 

 

El concurso oferta diecisiete puestos de trabajo para el proyecto europeo Ecoáreas-Mardetodos, que pretende impulsar los usos turísticos de los litorales canarios de forma sostenible y colaborativa. La Consejería de Turismo busca personas con la titulación de animación sociocultural, trabajo social, educación social, psicológica, sociología, pedagogía o algún certificado de profesionalidad en Dinamización Comunitaria o experiencia de más de tres años. Por otra parte, también pueden acceder a esta oferta animadores socioculturales o personas con cursos de Formación Profesional en el campo de la educación social.

 

La impugnación rechaza que no se busque ningún perfil profesional relacionado con el medioambiente, dado el “marcado carácter ambiental que debe tener el proyecto”. Por ello, Boyra defiende la necesidad de incorporar personal específico en temas ambientales. “Que no puntúen las menciones y títulos ambientales o de sostenibilidad no concuerda con un proyecto que se dice sostenible y en nada beneficia al interés general”, añade el representante de Oceanográfica. En esta línea, la empresa también rechaza que se excluya a personas con titulación “apropiada” para la creación de nuevas ecoáreas.

 

La Consejería de Turismo ha justificado a esta redacción que “el Tribunal Administrativo consideró parte de las alegaciones de la primera impugnación, lo cual quedó matizado en los segundos pliegos”. E insiste en que sobre la segunda impugnación aún no hay pronunciamiento. 

 

Tras las primeras alegaciones, fuentes del área que dirige Yaiza Castilla justificaron que el proyecto tiene convenios con las dos universidades públicas del Archipiélago para la creación de un Consejo Científico. Sin embargo, la impugnación recoge que estos convenios caducaron el 31 de enero de 2020. “De no demostrarse lo contrario, el equipo adjudicatario no contaría con el soporte técnico necesario para una labor correctamente desarrollada”.

 

El “declive” de Ecoáreas ya fue denunciado en 2019, cuando siete científicos abandonaron el proyecto por el “abuso de poder” del Gobierno de Canarias. “No queremos ser cómplices de lo que está ocurriendo”, apuntaron algunos expertos. Boyra, uno de los investigadores que se desmarcó de la iniciativa que impulsó su propia empresa afirmó entonces que los trabajadores habían tenido que soportar “un trato contrario a cualquier proyecto saludable de colaboración y participación, tornándose irrespetuoso, hostil y degradante”.