Intervención acusa al Servicio Canario de Salud de saltarse la ley para que el gerente del Negrín realice guardias pagadas

Un informe provisional de la Intervención General del Gobierno de Canarias ha acusado al Servicio Canario de Salud (SCS) de quebrantar la ley para que el gerente del Hospital Doctor Negrín realizara guardias médicas pagadas, al menos, en 2022. El documento, adelantado por Mírame Televisión y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, fue firmado en verano de este curso por Natalia Elisa de Luis, exinterventora general de la Comunidad Autónoma, y dispara también contra el propio complejo hospitalario, de referencia en la zona norte de la isla de Gran Canaria, al que culpa de “incumplir reiteradamente” la “expresa prohibición” al abonar a dicho dirigente el pago por la mencionada actividad.

El personal directivo del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, un total de ocho dirigentes, acumuló 232.504 euros por realizar guardias en 2022. Es el dato más elevado entre todos los centros gestores de la sanidad pública canaria y siempre lo ha sido en los cuatro años analizados por la Intervención, en 2019 (134.208 euros), 2020 (105.141 euros), 2021 (250.040 euros) y el ejercicio anterior. Los directivos de los hospitales públicos del Archipiélago, facultativo y diplomado sanitario, tienen permitido hacer guardias “cuando las necesidades del servicio lo aconsejen”, según una instrucción del SCS de 2017. Sin embargo, la Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias, advierte en una disposición adicional que el personal que desempeñe un puesto de gerente en el SCS “no podrá percibir cantidad alguna, en concepto de atención continuada, por realización de guardias médicas”.

La exinterventora se apoya en esa disposición concreta, añadida en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019, para acusar al Hospital Doctor Negrín de “incumplir reiteradamente la expresa prohibición” y agrega que, “a pesar de la inequívoca redacción” de la normativa, la dirección del SCS ha seguido autorizando al director gerente del Negrín la realización de guardias médicas. El texto pide el reintegro de lo abonado al considerar que se trata de una “actuación contraria a Derecho”, aunque no especifica el importe. Canarias Ahora solicitó su versión a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y, también, al Hospital Doctor Negrín, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

El informe solo menciona el caso del Negrín en este sentido, el único centro gestor de la sanidad canaria analizado cuya totalidad del personal directivo, ocho de ocho, realizó guardias entre 2019 y 2022. El caso del último curso ha sido descrito por la Intervención como “significativo”, “máxime”, continúa el texto, “dado el número de profesionales existentes en su plantilla orgánica y la absoluta ausencia de motivación y justificación que ampare” la excepcionalidad prevista para hacer guardias. La exinterventora preguntó a cada centro si el titular de la gerencia había efectuado este tipo de actividad complementaria el año pasado, a lo que solo contestó en afirmativo el Hospital Negrín, según el documento. También aseguró haber recibido autorización de la dirección del SCS para ello.

Entre 2019 y 2022, el Hospital Doctor Negrín tuvo dos gerentes: Pedro Rodríguez, desde principios de 2019 hasta septiembre de ese mismo año; Jesús Morera, desde entonces hasta octubre de 2020; y Pedro Rodríguez, de nuevo, hasta agosto de 2023. En estos momentos, el gerente es el neumólogo Miguel Ángel Ponce, exdiputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Morera ha asegurado a esta redacción no haber hecho ninguna guardia durante el tiempo en que fue gerente. Rodríguez ha manifestado estar “muy tranquilo” tras las preguntas de este periódico.

Por otro lado, la dirección del Servicio Canario de Salud estuvo presidida durante este tiempo por Blanca Méndez, en 2019, Antonio Olivera, que asumió el puesto de manera interina unos meses, Alberto Pazos, quien también duró unas pocas semanas, Conrado Domínguez, al frente del SCS desde septiembre de 2020 a noviembre de 2022, hasta que presentó su dimisión por su imputación en el caso canario de las Mascarillas, y Elizabeth Hernández, la elegida para finalizar una de las legislaturas más convulsas de la sanidad canaria.

Los gerentes de los hospitales públicos de las Islas son elegidos a dedo por el Gobierno regional. Este año, de hecho, la elección de algunos nombres por parte del Ejecutivo liderado por Coalición Canaria y Partido Popular ha provocado críticas por parte de la oposición, al haber colocado al frente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) a un estibador sin experiencia en el sector sanitario. En ese cargo, los profesionales pueden cobrar entre 3.000 y 4.900 euros, según la categoría, los trienios y, también, complementos, como el de productividad, cuya cuantía anual puede ascender a los 16.000 euros.

Las retribuciones del personal del Servicio Canario de la Salud son reguladas a partir de instrucciones que se dictan anualmente. La misma que hace mención a la posibilidad del personal directivo de los centros gestores a realizar guardias ha sido modificada en dos ocasiones. La primera, en verano de 2019, pocos meses después de entrar en vigor la disposición normativa que prohibía a los gerentes percibir retribuciones por hacer guardias médicas, rebaja el alcance de este veto explícito y señala que tan solo sería incompatible cobrar por las guardias si el gerente en cuestión no ha renunciado previamente a un complemento personal asignado desde su nombramiento, solo concedido si en su nuevo puesto cobra menos que en el anterior. Esta modificación de instrucción fue firmada por Conrado Domínguez.

La segunda modificación, firmada en septiembre de 2023 por el actual director del SCS, Carlos Gustavo Díaz, permite al personal directivo de los centros gestores de la sanidad pública canaria participar en programas especiales, como los planes de reducción de listas de espera de consultas (PERLE), de programa quirúrgico (PQ) y de carácter excepcional (PECE). Precisamente, meses antes, la Intervención General, en el mismo informe provisional en el que se basa esta información, pidió la devolución de los 95.000 que se embolsaron altos cargos sanitarios de Canarias por participar en dichos programas, ya que otra instrucción, esta vez de 2022, lo prohibía.

La concatenación de instrucciones dictadas anualmente y que sufren modificaciones para detallar cómo se reparte el dinero entre los miembros del SCS es motivo de crítica por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma desde hace años. De acuerdo con el informe provisional, esto causa “inseguridad jurídica” porque, según ha constatado el órgano que tiene encomendada funciones de dirección y gestión de la contabilidad pública de las Islas, existe un “incumplimiento en términos estrictos de las mismas”. La Intervención ha solicitado al SCS el desarrollo normativo de una regulación que ponga punto y final a la sucesión de instrucciones, pero asegura que “no consta”, de momento, dicha norma, y que por parte del SCS no ha habido “apoyo, auxilio y colaboración” para conocer si ha habido avances en la materia.