Canarias destina 14,5 millones más a evitar la fuga de habitantes de las zonas rurales

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este viernes la adenda de modificación del convenio de cooperación suscrito por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para renovar por segundo año el programa de subvenciones para combatir la despoblación del medio rural incluido en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destinará este año una nueva partida de 14,5 millones de euros para subvencionar alguna de las cuatro líneas estipuladas en el programa: la adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles con el objetivo de aumentar el parque público para el alquiler en los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes.

Esta ayuda está enfocada a los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes que se encuentran recogidos en el convenio de cooperación suscrito entre el Icavi y la Fecam, asociación encargada de gestionar este programa, enmarcado dentro del Plan de Vivienda 2020-25 y que se desarrolló por primera vez el año pasado.

Con la renovación de este programa de ayudas, la Consejería habrá invertido al finalizar la Legislatura más de 29 millones de euros en subvencionar a los ayuntamientos menos poblados del Archipiélago a fijar a su población y evitar las fugas de habitantes a las grandes ciudades.

Este presupuesto se ha distribuido entre todos los municipios atendiendo a criterios de población, así como en función del número de demandantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y un criterio fijo basado en la solidaridad intermunicipal, garantizando así un reparto equilibrado del fondo presupuestario.

Los ayuntamientos que cumplan con las condiciones del programa podrán solicitar las ayudas a partir de este lunes, y durante un mes, para subvencionar alguna de las cuatro líneas previstas: para la adquisición o bien para la construcción de viviendas en régimen de alquiler por los ayuntamientos o empresas públicas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler social; a la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal de cara a incrementar el parque público de alquiler social, así como a la rehabilitación o adecuación de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de estas.

Se busca con este programa impulsar la rehabilitación de viviendas antiguas, ya que el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo en el entorno rural, requiere también de medidas concretas para acceder a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas.