El Juzgado avala el desahucio de Ingenio y la defensa de la familia presenta un escrito de nulidad urgente
El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de la familia de Moisés y Raquel, en riesgo inminente de desahucio sin alternativa habitacional, previsto para este jueves, 13 de noviembre, en el municipio grancanario de Ingenio.
Tras conocer esta noticia, en la tarde de este lunes la defensa de la familia ha solicitado la nulidad urgente de actuaciones en el procedimiento de ejecución hipotecaria, alegando la vulneración de derechos fundamentales, al no haberse recabado ni incorporado al expediente judicial el informe de vulnerabilidad social y económica de la unidad familiar antes de fijar del desalojo. Esta omisión, según el escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde, contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de protección de la infancia y la familia recogidos en la Constitución y la legislación vigente.
Desde la plataforma Derecho al Techo informan que, ante esta situación, convoca “un piquete de acompañamiento y resistencia” el mismo día que está previsto el lanzamiento, el próximo jueves 13 de noviembre a las 9.00 h en el domicilio de la familia, con la intención prioritaria de abrir un proceso de negociación en la puerta con la comisión ejecutiva y evitar por la vía del diálogo el desalojo forzoso.
Derecho al Techo denuncia la falta de alternativas habitacionales y la desprotección institucional que sufren las familias vulnerables en Canarias. “Nos encontramos nuevamente ante un caso en el que los derechos de la infancia y el derecho a una vivienda digna quedan relegados frente a los intereses de las entidades financieras”, señalan desde Derecho Al Techo. “Hacemos un llamamiento a la población, colectivos sociales y vecinales a acompañar a la familia y visibilizar esta nueva vulneración del derecho a la vivienda”.
La plataforma se mantiene en alerta, a la espera de la confirmación judicial definitiva, tras la cual se emitirá convocatoria pública para acudir al lugar y “tratar de detener este nuevo desahucio injusto”, señalan.
“No podemos permitir que seis menores se queden en la calle. La vivienda es un derecho, no un privilegio”.
Fundamentos jurídicos y petición de suspensión
El escrito cita la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda y varios reales decretos-ley que obligan a solicitar dicho informe antes de ejecutar lanzamientos cuando hay menores o situaciones de posible vulnerabilidad. También pide que se suspenda el desahucio hasta que se emita y valore el informe de los servicios sociales, así como la intervención del Ministerio Fiscal para salvaguardar el interés superior de los menores.
La familia sostiene que el Juzgado no pidió a los servicios sociales municipales el informe preceptivo de vulnerabilidad ni permitió a los afectados aportarlo, pese a existir menores y tratarse de su vivienda habitual. La defensa argumenta que esta carencia supone una infracción procesal invalidante, ya que impide el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
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