La lista de espera de rehabilitación sigue disparada y casi cuadruplica la de 2015 en Canarias

La rehabilitación sigue siendo la especialidad médica que registra la peor evolución en las listas de espera de Canarias. El número de personas que esperan por una cita de fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia en el Archipiélago asciende a 11.674, según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2019. Esta cifra supone un aumento del 21% con respecto al mismo mes de 2018 y continúa la senda negativa de los últimos cuatro años, con incrementos anuales superiores a los 2.000 pacientes. Desde finales de 2015, cuando se contabilizaban 3.096 personas, el dato casi se ha cuadruplicado.

Las especialidades que soportan mayores listas de espera en el Servicio Canario de Salud (SCS) son oftalmología (29.481), traumatología y cirugía pediátrica (23.502), dermatología (22.531) y otorrinolaringología (13.132). La rehabilitación ocupa el quinto lugar, pero de todas ellas es la que presenta la dinámica más preocupante. Las tres áreas más colapsadas han experimentado altibajos en los últimos años, mientras que los servicios de otorrinolaringología presentan en el último trienio subidas constantes pero más moderadas que en rehabilitación, donde los incrementos anuales han oscilado entre el 21% del último ejercicio y el 69% de 2016.

De los cuatro principales hospitales en el Archipiélago, el Insular de Gran Canaria es el que figura con peores datos, con 5.292 pacientes que aguardan por una consulta externa de rehabilitación, el 45% del total. Este complejo es responsable de buena parte del incremento de la lista de espera en esta especialidad en Canarias. En 2018, el 60% de la subida se concentró en este complejo. En 2019, el peso del alza sobre el total disminuye hasta el 44%.

Al Insular le sigue el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, que no ha podido mantener la mejoría experimentada en 2018, cuando redujo la lista de las 2.434 a las 1.741 personas, y la ha vuelto a ampliar hasta los 2.629. También el Hospital Doctor Negrín incrementa la cifra de 1.101 a 1.252. Solo el Hospital de La Candelaria ha logrado aminorarla en esta última remesa, pasando de los 1.865 pacientes a los 1.548.

La escasez de profesionales, con plantillas orgánicas “que no se actualizan desde hace casi treinta años”, la falta de alternativas desde el ámbito de la gestión para abordar el problema y el aumento de la demanda como consecuencia lógica del envejecimiento de la población son las principales causas que, a juicio de profesionales del sector consultados por este periódico, explican unos datos que, por otro lado, cuestionan. Sostienen, al igual que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que las cifras son mayores a las publicadas, que hay una “lista oculta” formada por aquellas peticiones que no se introducen en el programa informático en su tramitación administrativa y quedan “guardadas en un papel en el cajón”.

“Lo más llamativo no es tanto el número, sino el tiempo de espera”, un dato que, en el caso de las consultas externas para rehabilitación, no aparece publicado, subraya un trabajador del Hospital de La Candelaria. Este profesional explica, a modo de ejemplo, que en el caso de las patologías neurológicas, las que afectan al sistema nervioso (ictus, traumatismos craneoencefálicos…), la atención en los primeros seis meses es fundamental para que la terapia surta efecto. “Con esta lista de espera, lo que puede pasar es que a un porcentaje muy alto de los pacientes, cuando lleguen a rehabilitación, se les preste un servicio incompleto, mal planificado y abordado, con lo que al final acaban en su entorno con un alto nivel de dependencia y la necesidad de buscar otros recursos, como el sistema de atención a la Dependencia, al que también es difícil acceder”, agrega. “Estamos quemadísimos”, reconoce.

Otros trabajadores del Hospital Insular de Gran Canaria coinciden en el diagnóstico. “La insuficiencia de medios es brutal y la gestión, inexistente”. La saturación no es exclusiva de los complejos hospitalarios. También se traslada a los Centros de Atención Especializada (CAE) adscritos a ellos. La jefatura del servicio de rehabilitación ordenó en agosto a sus médicos que no remitieran más pacientes, “hasta nueva orden” y salvo casos muy concretos, al CAE de Vecindario, localidad que concentra la mayor población del sureste de Gran Canaria. En fechas recientes, el Insular ha incorporado dos profesionales al área, uno de ellos para apoyar al servicio de Traumatología, en la denominada consulta del aparato locomotor.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública remitió el pasado mes de noviembre una carta abierta a la consejera Teresa Cruz bajo el encabezamiento “la rehabilitación no puede esperar más”. El escrito recogía las históricas reivindicaciones del sector e incidía en el hecho de que entre 2015-2018, periodo en el que se triplicó la lista de espera, los conciertos con la sanidad privada habían supuesto un desembolso de 41 millones de euros. En el caso de La Candelaria, en 2017 se derivaron más pacientes de los que se trataron en el propio centro.

“Las clínicas privadas tienen que ser una válvula de escape, una vía secundaria y excepcional, hay que reinvertir los fondos para la concertada en el sistema público”, sostiene un profesional del hospital tinerfeño que aboga por usar los recursos del sistema “al 100%” y explotar las tardes, en la actualidad prácticamente inoperativas. Una solución que implicaría “doblar las plantillas”. Aparte de la asignación de más medios humanos y materiales (los equipos están obsoletos), los trabajadores de rehabilitación plantean mejoras en la recirculación del sistema que pasan por establecer protocolos claros para fijar cuándo deben empezar y terminar los tratamientos y evitar la cronificación de la atención y la consecuente saturación de los servicios; buscar vías alternativas en hospitales de media estancia o de atención primaria para determinadas patologías y aumentar también los recursos en estas áreas para solventar las actuales carencias, y otorgar una mayor autonomía de intervención y de toma de decisiones a los propios profesionales, que están sometidos “a una estructura vertical”.

Una segunda lista de espera

A la sobrecarga asistencial en rehabilitación se le suma el problema de la disponibilidad de transporte sanitario para los pacientes con movilidad reducida. Una “segunda lista” que dificulta el acceso a las prestaciones para la población en esta situación. “Después de esperar meses por una consulta se pueden ver en la situación de tener que hacerlo otros seis o nueve meses para que les concedan una ambulancia o un transporte colectivo”, lamentan.

Rehabilitadores y fisioterapeutas del Hospital Insular dieron hace meses la voz de alarma por la retirada del servicio de ambulancias a los pacientes tras detectar que a numerosas familias se les había comunicado la finalización de la prestación sin que a los afectados les hubiese valorado un médico.