Manuela de Armas: “Canarias necesita un aumento de plantilla, quizás no en 2.700, pero sí recursos para una enseñanza de calidad”

“Independientemente de la pandemia, Canarias necesita tener un aumento de plantilla, quizás no tan exagerado de 2.700, a lo mejor no es tanto, pero desde luego sí necesitaría unos recursos para dar una enseñanza de calidad”. Así lo ha asegurado la consejera de Educación regional, Manuela de Armas, en el programa Trópico Distópico, que emitió su cuarto capítulo este miércoles en Televisión Canaria. “Nunca me gusta prometer cosas que no tengamos capacidad para hacer, pero voy a estar batallando para que los recursos que hemos logrado por la pandemia se mantengan todo lo que podamos”, añadió. La renovación de la plantilla contratada como refuerzo de cara al próximo curso escolar es uno de los temas en los que más insisten docentes y sindicatos. 

La plataforma por el 5% en Educación, de hecho, estima que son unos 3.000 los profesores y profesoras los que se necesitan en las Islas. El último informe sobre la realidad educativa elaborado por el Consejo Escolar de Canarias recordaba que el Archipiélago cuenta con casi 5.000 docentes menos que Castilla y León, con similar población. El Ministerio, sin embargo, aunque ha pedido mantener las plantillas de refuerzo el próximo curso, sí que ha flexibilizado medidas como reducir la distancia entre estudiantes en el aula (de 1,5 metros a 1,2), lo que lleva a un aumento de las ratios. Disminuir el número de estudiantes por aula es positivo, por ejemplo, para combatir los datos de abandono escolar temprano o de fracaso escolar. El sociólogo Leopoldo Cabrera recuerda la diferencia que existe con comunidades como País Vasco y remarca que “las expectativas educativas están relacionadas con el nivel de estudios y de rentas de las familias”.

Isabel Gómez, una de las portavoces de la plataforma por el 5% en Educación, ha recordado en el programa que en Canarias, la inversión pública anterior a estos tiempos pandémicos ha sido “paupérrima” y que esto “nos ha llevado al puesto del vagón de cola” en muchos aspectos educativos. En este sentido, recalcó que “la educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad” y que en 2022 la ley canaria marca que hay que destinar un 5% del PIB a esta área. Además, ha apuntado que mientras la educación concertada ha subido la inversión en siete puntos en España en los últimos años, la pública ha bajado cinco. “No hace falta que se gaste dinero en centros educativos concertados cuando hay tanta necesidad en la escuela pública. Si el hijo del presidente del Gobierno tiene que ir a la escuela pública y el chófer del presidente del Gobierno tiene que llevar a su hija a la escuela pública, ya procurará el presidente que aquella escuela o colegio al que va su hijo o el hijo de su chófer sea de la mayor calidad posible”, resumió. 

El modelo público y el concertado

Sobre las carencias de la escuela pública y las diferencias con la concertada también se pronunció el portavoz del sindicato STEC, Fernando Pelliecer, que aseguró que en la escuela pública canaria hacen falta de plazas de cero a tres años e infraestructuras. Además, recordó la situación de precariedad del profesorado, con casi un 30% de interinos. Según afirmó, la enseñanza concertada es “una anomalía” en España con respecto a Europa y apuntó que se deberían destinar esos recursos a la red pública, respetando el puesto de trabajo del profesorado. Por su parte, Sonia Suárez, representante de la enseñanza privada y servicios socioeducativos de CCOO en Canarias, detalló que las condiciones laborales del profesorado en la concertada no son las mismas que en la pública ya que trabajan más horas. Sobre las ratios, añadió que también son más elevadas, por lo que el profesorado de refuerzo COVID ha sido esencial en estos centros este curso. 

Uno de los puntos más polémicos en cuanto a la escuela concertada es la elección del centro. ¿Son las familias las que eligen por cercanía o es el colegio quien escoge al alumnado? Para Juanma Perdomo, profesor de escuela concertada y cuya hija también acude a un centro de este tipo, su elección fue por cercanía y aseguró que los pagos que realiza son los mismos que en la pública. Sin embargo, Carlos Quesada, profesor jubilado, recordó que en estos colegios hay una serie de pagos que si no se realizan, el trato ya no es el mismo y es ahí donde se produce la segregación, ya que hay familias para las que esas cuotas son inasumibles. 

Para Carmen Pellicer, presidenta de la fundación Trilema, los impuestos no solo los tiene por qué gestionar el Estado, sino también la sociedad civil y en ello justifica que con recursos públicos se financien escuelas concertadas, que a su juicio tienen un problema de “infrafinanciación” ya que muchas veces las partidas no dan para todos los gatos, según explicó. También subraya que existe demagogia sobre el alumnado que estudia en estos centros e insiste en que sí que hay de distintas clases sociales y estudiantes migrantes. 

Barracones

Pese al gasto en escuelas concertadas y a que durante la democracia se han construido cientos de colegios en Canarias, aún existen centros con aulas modulares o barracones, en gran parte alquilados y que, según recuerda la presidenta del AMPA del CEIP Costa Teguise, Pilar Herrera, las condiciones no son las más adecuadas. La reivindicación de las familias es contar con un nuevo centro.

Sobre este asunto, la consejera de Educación ha apuntado que es el resultado de malos gobiernos en épocas de bonanza económica y ha aclarado que en 2008 se pusieron las primeras aulas modulares y que en su época como viceconsejera del área se realizó un proyecto para contar con nueve aulas fijas, pero al acudir al ayuntamiento para solicitarlo, el suelo no tenía la calificación adecuada. No obstante, añadió que actualmente existe un listado de centros que sí que va a salir concurso, entre ellos el de Teguise.

8 leyes educativas

Uno de los problemas de las leyes educativas españolas es que nacen sin consenso y con fecha de caducidad ya que cada nuevo Gobierno se encarga de derogar la existente cuando llega al poder y sustituirla por una nueva. Luis Balbuena, que fue consejero de Educación durante la Presidencia de Jerónimo Saavedra además de profesor, considera que habría que avanzar hacia un pacto por la educación.

Por su parte, Nina Santana, senadora del PSOE defiende esta ley y niega que vaya a acabar, por ejemplo, con los centros de educación especial. “La ley no va a acabar con los colegios concertados, lo que va a hacer es a poner orden”, ha afirmado Manuela de Armas, que destaca que el acceso a los centros públicos y concertados debe ser igual y que las familias no deben pagar ninguna cuota.