Canarias necesita casi 3.000 docentes para llegar a la media y “combatir el aumento de desigualdad” entre el alumnado

“Un curso complicado”. Es en lo que coinciden docentes y sindicatos cuando se les pregunta por este año académico en pandemia que está a menos de un mes para finalizar. El profesorado no solo ha tenido que lidiar con que se cumplan las normas de higiene, distancia y mascarilla, sino con situaciones de ansiedad, problemas socioeconómicos en las familias, de aprendizaje, los efectos que aún arrastra parte del alumnado por el confinamiento… Un escenario que se presentó más complicado que el anterior a la COVID-19 y que se puede afrontar de manera distinta con 20 estudiantes por aula que con 30. La contratación de 2.568 docentes más este año permitió en Secundaria rebajar las ratios en muchos casos y contar con una plantilla de refuerzo que los centros han agradecido no solo para impartir la docencia, sino también para desarrollar otros proyectos y programas de convivencia. 

Canarias contaba en el curso 2019-2020 con unos 32.000 profesores en enseñanza general, especial y de adultos (los datos de este año no están actualizados por el Ministerio), unos 5.000 menos que Castilla y León, que con similar población cuenta con 37.589 o que País Vasco, con casi 40.000 y Castilla La Mancha, con 34.397. Según cálculos de la plataforma por el 5% del PIB en Educación, compuesta por profesionales del sector, el Archipiélago necesitaba antes de la pandemia entre 2.800 y 3.000 docentes para llegar a la media estatal. “Sería imprescindible mantener a este profesorado de refuerzo de forma permanente para acortar la brecha que tenemos frente al Estado en todos los indicadores, entre ellos en ratio profesor- alumno”, afirma Bernandino Ruiz, uno de los portavoces. Disminuir el número de alumnado por aula también era una de las conclusiones a las que llegó el reciente estudio Realidad socioeducativa de Canarias, elaborado por el Consejo Escolar, en el que se recuerda que sobre todo es acuciada en etapas como Bachillerato y Educación Infantil. Además, el estudio puso de manifiesto el envejecimiento de las plantillas en las Islas, donde la mitad del profesorado tiene más de 50 años. Por ello, el informe concluye que es fundamental “ampliar la plantilla en un número mayor que el necesario para cubrir la tasa de reposición y, de esta forma, ir rejuveneciendo el cuerpo docente o paliar su progresivo envejecimiento”, así como disminuir la ratio. 

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha asegurado en las últimas semanas en el Parlamento que, si es necesario contar con más profesorado para garantizar las medidas sanitarias, se contratará. Según el acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio, las aulas podrán volver a prácticamente a las ratios antiguas ya que la distancia de seguridad entre estudiantes se rebajará de 1,5 metros a 1,2 en el caso de Secundaria, donde el alumnado volverá a las aulas con mascarilla. En Infantil y Primaria vuelve a optarse por los grupos burbuja de hasta 25 alumnos y alumnas. En las próximas semanas se recalculará en base a esos escenarios cuánto profesorado es necesario en las aulas canarias.

¿Por qué es necesario contar con más plantilla?

José María Ortega Arranz es profesor de Secundaria en un instituto de las medianías de Gran Canaria y explica que en todos los centros se va a notar negativamente la merma de ese personal de refuerzo. Señala que la vuelta a clase supondrá precisamente la incorporación de ese porcentaje de la población que aún no estará vacunado, que son los menores (aunque ahora Sanidad baraja vacunar a menores de entre 12 y 16 antes de septiembre). El docente matiza que es cierto que no es un grupo de riesgo y que los contagios en las escuelas se han mantenido bajos, pero aún se requerirá de medidas preventivas. Sin embargo, no es solo por la situación sanitaria lo que hace que se requiera de este personal, ya que el profesor  recuerda que sí que se ha percibido un cambio de comportamientos entre el alumnado, que ha vivido un año difícil agravado por la situación socioeconómica de las familias, muchas de ellas con sus miembros en ERTE o desempleados. En este sentido, apunta que hay un trabajo que no se nombra y que apenas se valora y que es toda esa atención y esfuerzos dirigidos a detectar esas dificultades que esté atravesando el alumnado. 

Además de profesor, se encarga en su centro del programa de convivencia escolar. Pese a que no se trata de un instituto que se encuentre en una zona socioeconómica especialmente difícil, sí que ha detectado un aumento de las incidencias por la situación de precariedad, por el impacto emocional que ha podido tener la pandemia, los estados de ánimo cambiantes entre los jóvenes… “Si el año que viene contamos con diez profesores menos en el centro, supondrá menos horas para proyectos y no vamos a tener recursos suficientes”, detalla. Cabe recordar así mismo que las normas para evaluar al alumnado tanto a final de curso pasado como este han fijado que el suspenso sea excepcional y que se pueda promocionar con hasta tres asignaturas en la ESO y una en Bachillerato. Aunque el docente comparte que es comprensible este sistema de evaluación por las circunstancias excepcionales sí que cree que puede poner en riesgo la creación de grupos para el Programa Mejora Aprendizaje y Rendimiento del alumnado (PMAR) o antiguos grupos de diversificación, en el que se reorganizan los contenidos y se adaptan las materias a determinados estudiantes con suspensos para que puedan promocionar. Se trata de una herramienta que considera necesaria y más aún en un contexto en el que hay alumnado que quedó desconectado en el confinamiento, que se ha visto afectado por la brecha digital y en un momento en el que se han incrementado las desigualdades. “El año que viene hay que trabajar todas esas diferencias”, sostiene el profesor. 

La presión sindical

El portavoz del sindicato STEC-IC, Fernando Pelliecer, insiste en que no se puede vincular únicamente el mantenimiento de la plantilla docente de refuerzo a la evolución de la pandemia ya que sería “dar un paso atrás”. Expone que, aunque estas contrataciones se produjeran por la situación excepcional, ha colocado a Canarias en la senda del cumplimiento de lo establecido en la Ley Canaria de Educación, que es destinar el 5% del PIB de la comunidad autónoma a esta área. La incorporación de docentes insiste en que ha permitido reducir ratios, ofrecer una atención más individualizada, atender mejor la diversidad y al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Por su parte, el sindicato ANPE lleva semanas recogiendo firmas en Change.org para reducir las ratios en las aulas canarias. Su portavoz, Pedro Crespo, afirma que es consciente de la complicada situación económica, pero cree que habría que ir reduciendo las ratios de manera progresiva. Coincide en que “el profesorado ha notado mejoría” especialmente en Secundaria con la contratación de plantilla de refuerzo, algo que no sucedió en Infantil y Primaria, ya que se establecieron grupos burbuja de 25 estudiantes. El sindicato también insiste en el “déficit estructural de docentes” y en que antes de la pandemia solo había cuatro comunidades con mayor ratio en las aulas que el Archipiélago. 

Más partidas

El Ministerio de Educación ha relajado algunas de las medidas sanitarias por la COVID de cara al curso que viene como la disminución de la distancia de seguridad entre el alumnado, pero por otro lado, la ministra Isabel Celáa ha remarcado que las comunidades recibirán partidas económicas para contrarrestar los efectos de la pandemia y ha solicitado mantener las plantillas de refuerzo con esos recursos. “Las comunidades autónomas deben comprometerse a que, al menos, se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que han contado este año. Tenemos que convertir la adversidad en una oportunidad para acelerar la recuperación de un sistema educativo que se enfrentó a la pandemia tras años de recortes y debilitamiento y que debe consolidar los refuerzos con los que se ha fortalecido durante estos meses”, ha expresado en un comunicado.

Para Bernardino Ruiz, apostar por la enseñanza es la única herramienta para contrarrestar las tasas de pobreza en Canarias y diversificar la economía. También la única manera de que se pueda romper la brecha con respecto al resto del Estado en abandono escolar temprano, una tasa que se sitúa en un 18% o de fracaso escolar (alumnado que no titula en E.S.O), situada en más de un 20% (22,8% de los hombres y 17,2% de mujeres). Al igual que recogía el informe del Consejo Escolar insiste en que es importante dotar de mayor financiación al sistema educativo canario para cumplir con la Ley Canaria y no solo llegar al 5% del PIB en 2022 como marca la ley, sino mantenerlo muchos años y apunta entre otros retrasos el de la educación infantil pública de cero a tres años que estima en 8.000 plazas para alcanzar la media. “Seguimos caminando a un ritmo lento, mientras otras comunidades van en bicicleta”, concluye.