Los menores víctimas de delito sexual solo declararán una vez
Los fiscales, jueces y forenses de Las Palmas han acordado, en colaboración con el Gobierno canario, cómo atender a los menores que sufren delitos sexuales para evitar que sean doblemente víctimas, en un protocolo de actuación que se aplicará, de momento, solo en la capital grancanaria.
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido; el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya; y el consejero de Justicia regional, Aarón Afonso, han dado este miércoles a conocer este “manual de buenas prácticas”, que pretende conseguir que los menores solo declararen en estos casos en una sola ocasión, pero con todas las garantías para que su testimonio sirva de prueba anticipada en el juicio.
Garrido ha subrayado que el objetivo es causar “el menor trastorno y destrozo posible” a estas víctimas, así como que la intención es extenderlo al resto de los partidos judiciales de Canarias.
En numerosas ocasiones, el menor que sufre un delito sexual tiene que declarar ante la Policía, ante el juez instructor, ante los médicos forenses e, incluso, ante los psicólogos que elaboran el informe pericial de credibilidad de su testimonio.
Y después de todo ello, testificar de nuevo en el juicio oral, al tiempo que es tratado por los expertos para ayudarle a superar el trauma, lo que produce efectos negativos en su persona, que con este protocolo se trata de aminorar.
La directora del Instituto de Medicina Legal, María José Meilán, ha manifestado que el partido judicial de Las Palmas cuenta con la situación “ideal” para implantar este protocolo, aunque con limitaciones, pero “esto no ocurre en el resto de islas y partidos judiciales”.
Este protocolo se ha querido presentar el día en que entra en vigor el Estatuto de la víctima del delito, que establece que en caso de los menores se adopten las medidas necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicio para quien sufre estas agresiones o abusos, ha subrayado Garrido.
Un estatuto que, según ha advertido Meilán al consejero de Justicia, “carecerá de medios para su aplicación” en toda la comunidad.
La directora del Instituto de Medicina Legal ha confiado en que el protocolo favorezca el acortamiento de plazos en este tipo de procesos, pues existe el compromiso de reducir lo más posible el plazo de reconocimiento de los menores, que hasta ahora estaban sujetos a una “espera importante”.
Con este nuevo proceder se tratará de que el menor sea atendido sobre la marcha por el psicólogo forense para que el juez pueda decidir sobre la realización de la prueba preconstituida y el informe pueda emitirse en un plazo breve de tiempo, de manera que cuando se concluya la instrucción pueda estar finalizado.
Según datos facilitados por la Fiscalía, al año se cursan unos 40 procedimientos judiciales por delitos de agresión o abuso de menores en el partido judicial de Las Palmas.
El protocolo ha sido elaborado a instancia de la fiscal delegada de Protección de la Víctima, María Luisa Ordóñez, y cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados, así como de las asociaciones contra el Maltrato Infantil, el Programa Daniela que trabaja con las mujeres víctimas de trata de blancas, el centro de orientación familiar y del servicio de atención a las víctimas de abusos.
