El Ministerio comunicó en octubre al TSJC que no había más dinero para jueces sustitutos
De acuerdo al documento de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, fechado el pasado 17 de octubre, a partir del 23 de octubre de este año resultaría imposible “atender presupuestariamente” cualquier petición que desde Canarias se hiciese para que el Ministerio autorizase el pago de retribuciones de nuevos jueces sustitutos y magistrados suplentes “llamados al ejercicio de funciones jurisdiccionales”. Lógicamente, quedarían exentas todas aquellas sustituciones derivadas de las licencias por parto, adopción, enfermedad, fallecimiento de algún familiar o vacantes generadas por, entre otros, la creación de la plaza, traslado o suspensión del titular.
Según explicó a este periódico Ricardo Bodas, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, este departamento tiene la “obligación de informar mensualmente” a cada presidente de las Salas de Gobierno de los diecisiete TSJ sobre la cuantía disponible en cada caso para abonar las sustituciones y suplencias. En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ocurre que en el mes de octubre se había consumido un total de 1.544.723 euros, es decir, un 50,51% más de la cantidad prevista para hacer frente al pago de jueces y magistrados sustitutos durante todo el año.
Planes de refuerzo
Otra cosa diferente es lo que ocurre con las medidas de refuerzo solicitadas al Ministerio desde el Consejo General del Poder Judicial para atender la sobrecarga de trabajo existente en los distintos partidos judiciales. Estas medidas, impulsadas desde el CGPJ y autorizadas por el Gobierno central, suponen la contratación temporal -habitualmente durante seis meses- de jueces con el objetivo de atender una determinada demanda fruto de una situación “excepcional” -inmigración, traslado masivo de litigios desde otros juzgados, entre otras circunstancias-.
En este sentido, Ricardo Bodas asegura que, a estas alturas de año, “no existe ni una sola medida de refuerzo que haya sido denegada” por el Ministerio. El problema está en que estos planes son temporales y si, una vez vencido el plazo de seis meses, desde el CGPJ no se promueve la renovación, necesariamente se produce el cese de los jueces interinos contratados, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en Puerto del Rosario (Fuerteventura) con la juez encargada de todos los asuntos derivados de la inmigración irregular o con el juez de refuerzo del Juzgado de lo Penal número 2. A ambos les fue notificado su cese el pasado 1 de noviembre.
Pese a estas afirmaciones, el colapso en Puerto del Rosario “ya dura años”, según afirman fuentes judiciales. “La maquinaria judicial no funciona”, aseguran las mismas fuentes. Del colapso se deriva la circunstancia de que estén prescribiendo juicios. Los abogados defensores han esgrimido con éxito en varias ocasiones esta circunstancia. El juez del Juzgado de lo Penal Número 2 llega a celebrar juicios cuatro días a la semana y aún así la montaña de casos no se reduce. Desde el 1 de noviembre no cuenta con el juez de refuerzo contratado para ayudar a acabar con el colapso.
