NC critica la tolerancia de CC, PP y ASG con la apología franquista

La ponente de Nueva Canarias (NC) en la proposición de ley de la memoria histórica, Esther González, ha criticado este miércoles los “signos” de tolerancia con la apología franquista por parte de CC, PP y la ASG.

La portavoz nacionalista en la materia anuncia en un comunicado que mantendrá vivas sus dos enmiendas para fijar un régimen coercitivo o sancionador a las corporaciones locales por mantener la simbología totalitaria, “si es preciso, hasta la votación final” del texto legislativo impulsado por todos los grupos de la Cámara.

A punto de concluir los trabajos de la ponencia de la Proposición de Ley (PPL) de la Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, Esther González ha hecho un balance sobre la situación de las 10 enmiendas parciales defendidas por NC.

Tras insistir en que uno de los principales objetivos de la propuesta legislativa es la creación urgente de un banco de ADN para identificar las exhumaciones dada la longevidad de los descendientes directos de los represaliados en las islas, destaca la inclusión de una propuesta para incluir en la comisión técnica a un representante de los menores robados, reconocidos como víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en el ámbito de la aplicación de la ley.

En su opinión, sin ficha financiera del Gobierno de Canarias y del resto de las administraciones públicas canarias, la ley estaba destinada al fracaso, por lo que mostró su satisfacción porque los grupos aceptaran la enmienda de NC para dar cobertura económica al programa definido para cada año.

En el mismo sentido se pronunció al conseguir que se eliminen aquellos contenidos que pueden suponer una vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar de los represaliados.

Sin embargo estos avances conseguidos de NC se truncaron, tal y como explicó, por la mayoría de CC, el PP y la ASG que impidió que se aprobaran otras dos enmiendas destinadas a fijar un régimen sancionador o coercitivo.

Por un lado, González promovía que, a las instituciones públicas locales que se negaran a retirar la simbología y los honores recibidos durante el franquismo, se les retuviera el 2% de los fondos públicos a recibir mientras mantuvieran su negativa.

En su defecto, la ponente nacionalista instaba al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo a que desarrolle, a través de los reglamentos y en un plazo de seis meses, un sistema de infracciones y sanciones general para los incumplimientos de la norma.