Niega haber cobrado por 60 contratos falsos
Un empresario acusado de vender contratos falsos a inmigrantes que buscaban regularizar sus papeles ha asegurado este lunes no haber cobrado “nunca” por ello, según informa la agencia Efe, pese a que tramitó casi 60 alegando que iban a trabajar en un bar suyo que, según la Policía, solo tenía una camarera y sin dar de alta.
“Me venían llorando” y diciendo que estaban “en peligro” de que les expulsaran del país por estar en situación ilegal, ha declarado como argumento para justificar sus acciones Juan Domingo L.S., en un juicio por presuntos delitos de estafa, falsedad y contra los derechos de los extranjeros iniciado este lunes en la Audiencia de Las Palmas en su contra y de dos supuestos cooperadores suyos.
A preguntas del representante del Ministerio Fiscal, el principal acusado ha admitido, con tono dubitativo, haber hecho trámites en nombre de personas a las que sabía que no iba a emplear realmente porque ni siquiera las autoridades iban a permitírselo, “porque la única solución era que tuvieran contrato de trabajo” para que no hubieran de abandonar el país, pero insistiendo: “No cobré a nadie”.
Contradiciendo su relato testificó en esta primera sesión de la vista oral del juicio el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía que encabezó la investigación de las presuntas prácticas ilegales de Juan Domingo L.S., quien las enmarcó en “un fenómeno delictivo que existió en Canarias” consistente en crear empresas ficticias para vender falsos contratos a inmigrantes.
Una “actividad que estaba en pleno auge”, según ha destacado este inspector policial, en la época en que se produjeron los hechos por los que se juzga al empresario, datados entre 2007 y 2009.
En esos años, y según sostiene el Ministerio Fiscal, el acusado “elaboró al menos cincuenta contratos de trabajo y nóminas espurias a nombre de ciudadanos extranjeros” a quienes cobraba por dichos documentos cantidades de dinero que oscilaban entre 400 y 800 euros aún a sabiendas de que no servirían para regularizar su estancia, “aprovechándose de su situación desesperada”.
Como prueba de su tesis, el representante de la Fiscalía ha aludido además al hecho de que el empresario acumuló en apenas dos años una deuda global de 68.000 euros con la Seguridad Social, que ha sostenido que se generó porque también se prestaba a dar de alta a inmigrantes que pretendían obtener fraudulentamente el derecho a cobrar ayudas por desempleo.
El procesado presuntamente cobraba entre 100 y 150 euros mensuales a esos inmigrantes diciendo que eran para abonar sus cuotas de la Seguridad Social, pero quedándose luego para sí ese dinero, ha afirmado el fiscal, apuntando, como prueba de ello, que en su cuenta corriente se hicieron en distintos momentos decenas de ingresos por esas cantidades, en ocasiones tres en un mismo día.
Juan Domingo L.S. ha rechazado esas acusaciones, aunque ha llegado a decir que “no recordaba si a alguien le cobró la Seguridad Social” pero matizando que, en caso de que así hubiera ocurrido, lo hizo de forma altruista, tratando de ayudar a gente que conocía por ser clientes de su bar y que querían reunirse con sus familiares.
El inspector jefe que investigó sus actividades ha relatado que rebaten sus intentos de exculpación las declaraciones de una decena de los inmigrantes a quienes hizo los falsos contratos, que ante la Policía aseguraron haber pagado al menos 500 euros y además cuotas de la Seguridad Social e, incluso, un testimonio inicial del propio acusado que “reconoció parte de los hechos”.
“E incluso -ha apostillado- que usaba a otras personas de intermediarios para que les buscaran clientes”.
Entre esos presuntos intermediarios figuran los otros dos acusados en el juicio, Enrique A.L. y Lucky O., condenados ambos previamente por delitos de estafa a extranjeros en situaciones similares a las que ahora se juzgan que han negado, tanto el uno como el otro, que sean ciertas las acusaciones de Policía y fiscal.
Imputaciones por las que cada uno de ellos se enfrenta a peticiones de dos años y seis meses de prisión, conforme a las solicitudes de la fiscalía, que solicita mucho más, un total de 38 años de cárcel, para el principal acusado en este proceso, cuya vista oral proseguirá mañana en la sección sexta de la Audiencia Provincial.
