El Palacio Quintana se convertirá en un edificio polivalente de la Biblioteca Insular de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ampliará la Biblioteca Insular con la incorporación a sus dependencias del Palacio Quintana de la Plaza de Las Ranas, que adquirirá por 1.578.000 euros, con el fin da asumir el incremento de las competencias y la gestión del servicio público cultural que la Institución ofrece a la ciudadanía.

La consejera insular de Cultura, Guacimara Medina, ha indicado a los medios de comunicación que el futuro de este inmueble es “convertirse en un edificio polivalente, en el que se podrán desarrollar múltiples actividades, dentro de la programación anual que se elabora para la Biblioteca Insular del Cabildo”.

El Gobierno de Gran Canaria, a través de su Consejería de Presidencia y Patrimonio, ha tomado esta decisión con base en el informe emitido por la directora de la Biblioteca Insular, Nieves Pérez Rivero, sobre la necesidad de comprar el edificio colindante para disponer de más espacio, ya que el actual ha quedado muy limitado a la hora de afrontar el crecimiento de las tareas que se vienen desarrollando en las instalaciones.

Y para lograrlo, la Biblioteca dispondrá de un inmueble que posee un local comercial que ocupa el sótano y la planta baja, con una extensión de 346,5 metros cuadrados construidos y tasado en 715.695 euros; y una vivienda situada en la planta primera, que dispone de azotea y torreón, de 345,4 metros cuadrados construidos y que ha sido valorada en 877.906 euros.

Así, con la unión de ambos edificios, las dependencias de la Biblioteca Insular ocuparán toda la manzana, al ampliarse a los números 2, 4 y 6 de la calle Muro; al número 1 de la Plazoleta de las Ranas; y a los 7 y 9 de la calle Remedios. De esta manera, alcanzará casi su unidad e independencia arquitectónica, lo que beneficiará a sus usuarios y usuarias, y mejorará los servicios que se presta.

La iniciativa recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno Insular, que acordó otorgar a los propietarios del edificio un plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo, para que el inmueble quede vacío y despejado de todas las instalaciones y el mobiliario relacionados con la actividad comercial de asadero de pollos y a la actividad profesional que se realizaban en el mismo.